CIUDAD DE MÉXICO.- La subcomisión de Examen Previo, que depende de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, aprobó la procedencia de juicio político a la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la anterior administración, Rosario Robles, y aunque se prevé dictaminar sobre el tema este jueves, el proceso podría concluir hasta febrero de 2020.
Entrevistada el término de la reunión de la subcomisión, las diputada de Morena, Rocío Barrera, explicó que será este jueves cuando se presente esta resolución ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, que ella preside, y la de Justicia, para que sea dictaminado el tema y se dé trámite a la Sección Instructora, por lo que advirtió que el proceso todavía es largo.
“Es un proceso que iniciamos en esta subcomisión, aprobamos la resolución y el día de mañana (jueves) estaremos dictaminando en comisiones unidas de Gobernación y Población y de Justicia, para que se le dé trámite, pueda entrar a la Sección Instructora. Ellos tienen 60 días para hacer el análisis de este documento y ellos definirán si se va al Pleno y se vota y posteriormente se le hace del conocimiento al Senado.
Es un proceso bastante largo que, de acuerdo a los plazos, estaría concluyendo en el mes de febrero”, detalló. Indicó que que esta resolución aprobada este día, es de un acumulado que tenían de cuatro solicitudes que se habrían presentado, de las cuales solamente dos procedieron, una de ellas presentada en 2013 por los entonces coordinadores del PRD, Silvano Aureoles y del PAN, Luis Alberto Villarreal, por un desvío de recursos por siete mil millones de pesos, lo cual, aseguran, fue corroborado por la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Mientras que la otra, fue presentada por la actual diputada de Morena, Tatiana Clouthier, por el tema de la estafa maestra; en ese sentido, la morenista dejó en claro que el trabajo que realizan en la subcomisión no va solo contra la ex funcionaria, sino contra todos aquellos funcionarios que, dijo, no hayan cumplido con las obligaciones y funciones que le fueron conferidas, tanto de otras administraciones como de la actual.
Cuestionada sobre las implicaciones hacia Robles cuando ya está en medio de un proceso judicial, Barrera refirió que el resultado en este caso es más político y deriva en una inhabilitación para ser funcionaria pública.
Y aunque recordó que Rosario Robles ya cuenta con una inhabilitación por 10 años, ésta se podría incrementar de acuerdo a la resolución que haga la Sección Instructora.
“Yo creo que ya no va a ser funcionaria, pero generar una ampliación en una inhabilitación, que podría ser el resultado, no lo dictaminamos nosotros, lo dictamina la Sección Instructora, que ellos serían quienes harían la resolución final a este juicio de Rosario Robles”, apuntó.
