La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) otorgó dos contratos por 250 millones de pesos a una constructora en la que participa Job Saburo Azano Matsura, el mismo empresario que ha sido accionista en Security Tracking Devices, compañía que le vendió el malware de espionaje Pegasus a la Sedena, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Security Tracking Devices recibió durante el gobierno de Calderón contratos por 5 mil millones de pesos, para equipamiento de seguridad e inteligencia entre el que estaba Pegasus, malware utilizado para intervenir teléfonos móviles, según reveló en 2012 Aristegui Noticias.
En 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigó por posible lavado de dinero los contratos que Security Tracking Devices había obtenido en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Job Saburo ha sido socio en Security Tracking Devices con su hermano José Susumo Azano Matsura, quien estuvo preso en Estados Unidos acusado del financiamiento ilegal de campañas políticas en San Diego, California.
Entre las obras que Tei Construcciones ejecutó está la construcción de un mirador, un corredor comercial, una escuela secundaria, la renovación de mercados y sus zonas aledañas así como del centro histórico del municipio de Zumpango, en el Estado de México.
Esas obras forman parte de Mi México Late, el programa emblema de la Sedatu, con el que se busca intervenir y mejorar el entorno urbano de zonas marginadas en todo el país.Tres meses después, el 15 de mayo, la propiedad fue vendida a Rita María Díaz Galasso, quien pagó 383 mil dólares en una operación que fue realizada con dinero en efectivo, de acuerdo con los registros del sistema MLS (Multiple Listing Services) consultados por MCCI.
En marzo de 2022, MCCI reveló que Gavira Martínez había adquirido el departamento de 135 m2 en The Ricchie Luxury Condominiums, un desarrollo ubicado en La Cantera, una de las zonas residenciales más lujosas de la ciudad de San Antonio, Texas.
El inmueble fue vendido en agosto de 2020 a Gavira Martínez por Vilma Cristina Herrera Reza, hermana de Carlos Ernesto Herrera Reza, dueño de Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), empresa que firmó con Liconsa tres convenios por 7 mil millones de pesos para deshidratar y procesar leche durante la gestión de Ignacio Ovalle como director general de la dependencia.
Tras la salida de René Gavira de Segalmex en junio de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron denuncias por este caso en contra de René Gavira, sus dos hijos y contra el dueño de Coprolac, Carlos Ernesto Herrera Reza.
Herrera Reza, y el apoderado legal de Coprolac, Juan Carlos Burillo González, obtuvieron un criterio de oportunidad como parte de la investigación que realiza la FGR por los contratos de procesamiento de leche. Desde entonces, ambos han declarado que la venta del departamento de San Antonio al hijo de Gavira en realidad se trató de un “moche” por los contratos multimillonarios que los beneficiaron. |
