En comparecencia ante la Comisión en la materia, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, dio a conocer la recepción de más de mil 300 juicios de amparo debido a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, con el objetivo de adecuar las ofertas de capacidades disponibles basados en costos.
Esto llevó a la modificación de lo establecido por la Sener en el 2017 para hacer un sistema de costos más justos en el despacho de centrales eléctricas, por lo que se inició toda una ruta jurídica que actualmente se encuentra en litigio en la Corte.
Con ello, la Secretaria de Energía justificó el proyecto de decreto de la Reforma Eléctrica presentado por el titular del Ejecutivo federal el pasado 31 de septiembre, para modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucional en materia de electricidad.
Ante los senadores de la República arguyó que el objetivo es asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico, apoyo a los usuarios finales, garantía del suministro nacional a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Dicho cambio aseguró que llevaría a la empresa productiva del Estado a ser organismo del Estado a fin de eliminar la “absurda” separación legal obligada en subsidiarias y filiales, y con esto fortalecerla en lo técnico, operativo y económico.
Ante los legisladores que integran la Comisión de Energía garantizó el despacho en orden de mérito de costos unitarios de producción y no de manera caótica, como en el 2013 se impuso y que actualmente lo padece en el Cenace; “la propuesta es que se incorpore nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad donde la empresa controlará el despacho cada día como se hizo durante 70 años en forma exitosa”, explicó.
Se propone además un nuevo orden en el despacho de las centrales eléctricas privilegiando la hidráulica, nuclear, geotermia, gas y posterior las intermitentes y, al final, el carbón.
“El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, expuso.
Respecto a la modificación propuesta al artículo 28 constitucional se refiere a otorgar la seguridad energética y nacional al distribuir el 54 por ciento de la generación con la Comisión Federal de Electricidad y el 46 por ciento para los privados que ya están en el mercado.
La secretaria Nahle afirmó que no se va a expropiar ninguna infraestructura, la ya existente podrá seguir participando en el mercado con su 46 por ciento y no tendrá ningún costo financiero dicha reforma.
De la cancelación de los ventajosos contratos que obligan a la Comisión Federal de Electricidad a comprar y pagar electricidad por 20 y 25 años a privados, destacó la liberación de la empresa pública de una carga financiera impositiva y a los privados los obligará a competir en un mercado justo y productivo, llevando al mercado eléctrico a las buenas prácticas comerciales y empresariales.
Otra modificación que resaltó es la propuesta de que los organismos reguladores pasen de ser autónomos a integrarse a la Sener, que es la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a fin de que estén sujetos a la planeación nacional del sector y no ocurra el desbalance que se generó en los últimos años.
Con información de Quadratin
