CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación, para sancionar con prisión de seis meses a siete años a quienes con fines de lucro tomen casetas, interrumpan el tránsito de los medios de transporte, la operación de los servicios de peaje y realicen el llamado boteo.
Con modificación aceptada al dictamen original, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular con 334 votos a favor, 96 en contra y 17 abstenciones reformas al artículo 533 de la citada Ley, que establece como delito agravado la toma de casetas y el llamado boteo en éstas.
De esta forma, queda establecido que, quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías.
O bien, para obtener un lucro, es decir, beneficio económico a través del llamado boteo, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), es decir, desde ocho mil 688 pesos hasta 43 mil 440 pesos.
Ante las protestas de algunos diputados, específicamente del PT, legisladores de Morena argumentaron que esta iniciativa no busca acallar las protestas sociales, sino al contrario, protegerlas de los grupos que aprovechan para lucrar con ellas.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, el panista Víctor Manuel Pérez, refirió que la intención es brindar mayor certeza jurídica y garantizar el Estado de derecho en las vías generales de comunicación. Reiteró que se busca sancionar a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, en algunos de ellos, con afanes de lucro.
El legislador destacó el grave problema que significa para la economía del país el bloqueo de casetas de cobro, pues afecta la llegada a tiempo de mercancías de primera necesidad, “en casos extremos paraliza la actividad económica, incrementa los precios de algunos productos y pone en riesgo la integridad y la seguridad de los usuarios de las mismas”, sostuvo.
Al señalar que estos bloqueos son aprovechados por seudomanifestantes para conseguir un beneficio, el legislador resaltó que la propuesta no pretende criminalizar ni coartar el derecho a la libre manifestación.
Explicó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va del presente año, los bloqueos originaron pérdidas sectoriales cercanas a los siete mil millones de pesos, lo que representa, dijo, un golpe a las finanzas del Estado mexicano.
“En el presente año, los bloqueos a las vías férreas se han incrementado 119 por ciento respecto a 2019, y en promedio su duración es de 12 días. Al paralizar puntos estratégicos se entorpece el traslado de mercancías y la actividad económica. El objetivo es coadyuvar a dotar de las herramientas necesarias para que las y los ciudadanos cuenten con mayor seguridad y se evite el desorden, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y atender este fenómeno que daña al Estado y a la sociedad”, enfatizó.
Indicó que, las sanciones propuestas son proporcionales con la gravedad de la sanción, ya que tratan de compensar el perjuicio al patrimonio de la Federación ocasionado por quienes realizan las acciones de bloqueo y que impiden el cobro de derechos de peaje y por el uso de carreteras federales.
Pues refirió que la seguridad e integridad de los usuarios de carreteras de cuota están en constante riesgo, ya que al no cubrir la cuota de peaje no se cuenta con una póliza de cobertura ni están protegidos ante accidentes viales.
Sostuvo que el bloqueo de los servicios de peaje es un negocio inmenso al que calificó como un nuevo huachicoleo, pues en promedio, dijo, los grupos delincuenciales que se hacen pasar por manifestantes, obtienen ganancias por 500 mil pesos en cinco horas, incluso, en casetas con mayor afluencia como la de Tlalpan, en la Ciudad de México, puede llegar hasta el millón de pesos. El dictamen fue aprobado y enviado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.
