Por JOSÉ UREÑA
Hace dos meses, cuando se inundó Tula, Omar Fayad acudió al gobierno federal.
Pidió tres mil millones de pesos.
Era lo necesario para reconstruir toda la infraestructura urbana y reparar viviendas de miles de familias afectadas.
Si sólo se atendía la parte urbana, lo cual significaría no atender caminos, drenaje, etcétera, bastarían unos dos mil millones de pesos.
No le dieron nada.
López Obrador ordenó un avalúo sobre daños y, en su política cicatera, lo redujo al piso definido por el gobernador de Hidalgo.
Eso es lo que irá:
Exactamente dos mil millones de pesos pero no entregados al gobierno estatal, sino manejados por quien él decida.
Los anunció el fin de semana.
Su decisión lleva dos elementos:
Los gobiernos de oposición, aunque el hidalguense Omar Fayad no pueda ser catalogado como tal, no merecen manejar recursos.
Son corruptos, neoliberales -priístas y panistas son iguales- e incapaces de ver por la gente y por lo tanto nada confiables.
En consecuencia, el dinero se entregará directamente a los damnificados en condiciones de nula transparencia y luego corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de David Colmenares meterse a esa opacidad.
RAMÍREZ BEDOLLA, LA TORITA
Damos este dato antes de la nota:
Desde hace más de un año hemos narrado aquí cómo López Obrador retrasa o de plano niega entrega de recursos a gobiernos de oposición.
Así seguirán, restringidos.
Mas no es el caso de los gobernadores emanados del partido de Estado (Morena), los cuales ya reciben beneficios no otorgados a los demás.
Vaya una muestra:
Desde Palacio Nacional se alentaron los bloqueos, la toma de vías de ferrocarril y otras protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Pero en cuanto llegó el morenista Alfredo Ramírez Bedolla se pagó a los maestros y debe venir la paz con el magisterio aliado.
Y no se diga el refuerzo de todo el gabinete a Evelyn Salgado, Las Torita hija del primer compadre del presidente, Félix Salgado Macedonio.
Cientos de miles de millones de pesos esperan en 2022 para esos correligionarios de López Obrador.
FRENO A LA CONTRA REFORMA
La liga se rompió.
Antes de la consulta, antes de su Asamblea Nacional y antes de cualquier negociación, el priísmo ve dinamitada la contra reforma eléctrica.
La historia es simple.
El 13 de octubre el dirigente priísta Alejandro Moreno, Alito, se reunió con delegados y presidentes estatales.
Les prometió no ir con el proyecto presidencial de regresar el país a un pasado inexistente en estos tiempos de alta tecnología y seguridad ambiental.
Lo reportamos el 14 del mes pasado.
–El PRI rechazará la reforma eléctrica.
Pero López Obrador no cedió.
Como es su intransigencia, exigió a su coordinador Ignacio Mier “no cambiar ni una coma” y ahí se rompió el diálogo con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ahora ya no es cuestión de discusión, raciocinio o argumentos, sino de aceptar o no una imposición unipersonal como es este gobierno tabasqueño.
Es decir, la suerte de la contra reforma energética está echada: no pasará si Alito y Rubén Moreira mantienen unida a la fracción del PRI en San Lázaro.
