CIUDAD DE MÉXICO.- No cesan los apoyos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para Claudia Sheinbaum, la “corcholata” favorita para el 2024.
En aras de quitarle problemas y despresurizar los penales de la Ciudad de México, esta madrugada fueron llevados decenas de reos presuntamente peligrosos hacia centros de readaptación federal.
Hoy se realizó el traslado de 89 personas privadas de la libertad (PPL) en penales de la capital hacia Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), en una operación coordinada con personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Los traslados de 89 hombres se realizaron desde distintos penales varoniles de la Ciudad de México y partieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia las entidades donde se contó con el apoyo de las autoridades penitenciarias federales y locales de los estados de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas, en las acciones de custodia y traslado.
Mediante un estricto protocolo de seguridad y apego a los derechos humanos, 22 personas privadas de la libertad fueron llevadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 4 CPS Noroeste Nayarit; 22 más al Centro Federal de Readaptación Social No. 14 “CPS Durango; 22 al Cefereso 18 CPS Coahuila; y las 23 personas restantes fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 15 CPS Chiapas.
Los traslados se efectúan en el marco de los convenios de colaboración entre autoridades locales y federales y se contó con personal de derechos humanos para garantizar que la actuación del personal se realiza en apego a los protocolos establecidos.
El pasado 5 de diciembre fueron trasladadas 49 personas privadas de la libertad hacia penales federales, por lo que suman 138 traslados en los últimos meses.
Con estas acciones, se contribuye a despresurizar los penales de la capital y garantizar la gobernabilidad, así como favorecer las condiciones de readaptación social de las personas privadas de la libertad.
