CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 2013 y 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría pagado más de 2 mil 371 millones de pesos a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma.
A pesar del grave daño al erario, ningún funcionario de las direcciones que autorizaron las compras que ampararon las facturas falsas ha sido sancionado, de acuerdo con la información proporcionada por la Sedena al diario español El País.
Los recursos fueron desviados a través de 11 mil 175 comprobantes digitales, según la información contenida en una base de datos proporcionada al medio por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT tras diversas solicitudes de información.
Las facturas amparan los bienes y servicios contratados por la Defensa Nacional en decenas de instalaciones castrenses como campos, cuarteles y guarniciones en diversas zonas del país, el Heroico Colegio Militar, el Museo Nacional de la Cartografía, un parque eólico ubicado en el Itsmo de Tehuantepec, el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados, el Campo Militar 37-D en Santa Lucía (Estado de México), la Escuela Militar de Sargentos, la Dirección General de Administración y el cancelado aeropuerto de Texcoco.
De acuerdo con el medio ibérico, la Sedena también usó empresas fantasma en trabajos de mejoras en carreteras o caminos rurales que conectan a sus cuarteles y en obras de mantenimiento o adecuación de sus bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares.
Los pagos fueron por diversos insumos y servicios clínicos que supuestamente prestaron una treintena de empresas fantasma entre 2013 y 2018.
En otras facturas hubo pagos por 50 millones de pesos para supuestos servicios de obra civil, instalación de invernaderos y viajes para acarrear grava en los viveros forestales de Perote (Veracruz), Ameca (Jalisco), Pueblo Viejo (Veracruz), El Sauz (Sinaloa), Sarabia (Guanajuato) y Zimapán (Hidalgo).
Una de las áreas de la Sedena que también destinó 51,5 millones de pesos a empresas de papel fue la Dirección General de Comunicación Social.
En 2014 y 2015 contrató a las compañías Advertising and Digital Effects y Producciones Siehj para que le brindaran servicios de masaje e hidratación, suministraran playeras y medallas y organizaran eventos deportivos.
En el registro de gastos hay cuatro facturas emitidas para contratar los servicios de producción de una carrera de la Fuerza Aérea Mexicana como parte de una campaña conmemorativa.
También hay otros dos comprobantes para la producción de otra carrera titulada “La gran fuerza de México”.
El País reporta que el año en que la dependencia registró la mayor cantidad de recursos desviados a compañías fantasma fue 2013 con 619,4 millones de pesos (unos 48,5 millones de dólares al promedio de tipo de cambio de ese año).
La empresa que facturó el monto más alto a la Sedena fue Construglobal de Chiapas, que en 2013 y 2014 recibió 312,7 millones de pesos (24,5 millones de dólares) por la renta de diversa maquinaria de construcción supuestamente utilizada en obras dentro de la unidad habitacional militar de Cintalapa, Chiapas.
Tras el cambio de Gobierno y las reformas legales emprendidas para combatir la facturación falsa que representa un severo problema de defraudación fiscal disminuyó considerablemente el uso de estas empresas.
Obras por adjudicación directa
Con la llegada de López Obrador a la presidencia, la Sedena ha adquirido un papel preponderante en la Administración pública ante las diversas tareas que le han encomendado.
La dependencia está a cargo de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y participará en la edificación de dos tramos del Tren Maya, dos de las obras más emblemáticas de este Gobierno.
Sin embargo, sus antecedentes como constructora no son los mejores.
En las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto participó en decenas de obras de infraestructura que le fueron encargados por otras dependencias o por Gobiernos de los Estados y que se caracterizaron por la opacidad.
Lo trabajos fueron ejecutadas por administración directa, un modelo de contratación previsto en la Ley de Obras que evade la licitación pública y con nula transparencia.
Aunque la Defensa nacional firmó un convenio con las dependencias donde se estipulaba que se haría cargo de las obras, dsta terminó subcontratando a otras compañías.
Una de las obras realizadas por Administración directa en el sexenio anterior fue el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).
En la base de datos revisada se encontraron 168 facturas falsas que amparan diversos servicios subcontratados por la Sedena durante la construcción de la barda, camino perimetral y pista seis del NAIM.
Las tres firmas de papel detectadas recibieron pagos por 184 mil millones de pesos para suministrar materiales como tuberías, varillas, cables de cobre, artículos de limpieza y placas de acero.
Con información de El País