CIUDAD DE MÉXICO.- La madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular y con cambios el proyecto de decreto de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y abrogó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Con 266 votos a favor y 205 en contra, el proyecto de decreto fue aprobado y turnado al Senado.
Entre las reservas al decreto, se avaló la presentada por el petista Gerardo Fernández Noroña, de que en los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia las sesiones “serán siempre de carácter presencial, estando obligados las y los diputados a estar presentes en ellas”.
Así como que el Presidente pueda ser imputado y juzgado durante su encargo “respetando siempre el principio de presunción de inocencia”, además de que, en el artículo 41 se establece que para aprobar o no la resolución sobre la probable responsabilidad del Presidente en la comisión del delito o delitos de que se le acusa, se requiera la mayoría calificada de las dos terceras partes de las senadoras y senadores presentes.
Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que se da protección especial al Presidente con “estrategias de propaganda”, porque se dice que quieren una ley más fuerte para el desafuero para que la oposición reaccione y digan después que se está protegiendo a los corruptos.
Mientras que el panista, José Elías Lixa Abimerhi, indicó que con estas reservas se crea un régimen de excepción para la o el Presidente, pues se genera una protección especial al requerir una votación de dos terceras partes. “Es un funcionario público protegido por el fuero y lo que proponen es que no sea juzgado como cualquier otro”.
Y, el también blanquiazul, Jorge Arturo Espadas Galván señaló que el Ejecutivo no pude ser tratado con un régimen diferente.
Con información de 24 Horas
