WASHINGTON, D.C., 28 de agosto de 2024.- El vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Neil Herrington, señaló que si bien existe un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer el sistema judicial mexicano, “creemos firmemente que ciertas reformas constitucionales y legales actualmente propuestas por el Gobierno mexicano –en particular, la reforma judicial y la propuesta eliminación de agencias reguladoras independientes– corren el riesgo de socavar el Estado de derecho.
“Así como las garantías de protección para las operaciones comerciales en México, incluido el estándar mínimo de trato bajo el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá”.
Agregó, en una declaración, que las reformas también ponen en riesgo las obligaciones de México en virtud de otros tratados internacionales de brindar a todos el derecho a un sistema judicial competente, independiente e imparcial.
Por lo que se necesita una mayor deliberación para abordar estas preocupaciones a fin de evitar poner en peligro la capacidad del Gobierno mexicano entrante de generar prosperidad compartida y aprovechar el potencial de la deslocalización para fortalecer el crecimiento económico y el desarrollo del país.
E hizo un “llamado respetuoso al Gobierno soberano de México a continuar las deliberaciones con el sector privado, académicos y expertos legales sobre el paquete de reformas”.
“Este diálogo es esencial para asegurar que las reformas propuestas contribuyan a fortalecer el Estado de derecho y las condiciones para el crecimiento económico en México”, agregó.
Subrayó que dado su compromiso de larga data con el crecimiento y la prosperidad de México, la comunidad empresarial estadounidense es un actor importante en el proceso de reforma. Las empresas estadounidenses representan, con diferencia, la mayor fuente de inversión extranjera directa en México y proporcionan buenos empleos a millones de mexicanos.
“Ya sea que operen en Estados Unidos, México o cualquier otro lugar del mundo, las empresas estadounidenses dependen del respeto al Estado de derecho como base de un clima de inversión vibrante, desarrollo sostenible y creación de empleo”, añadió.
