CIUDAD DE MÉXICO.- “No se puede transformar una institución y atender eficazmente las responsabilidades que le competen, si no se cuenta con el apoyo necesario, tanto económico como institucional”, manifestó Mara Gómez Pérez al renunciar al cargo de titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Solo seis meses duró al frente de la institución creada para atender a víctimas de desaparición forzada, tortura, trata, ejecución arbitraria y otras violaciones graves a los derechos humanos, cuando fue electa por votación calificada de las dos terceras partes del Pleno del Senado de la República, entre la terna presentada por el Ejecutivo federal, el 10 de diciembre de 2019.
Empero, sentenció: “Desafortunadamente, la vocación humanista con la que fue diseñada —la CEAV— se pervirtió”.
A través de una misiva dirigida a la presidenta de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Mónica Fernández Balboa, así como al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que “la obligación legal de garantizar, promover, promover y proteger los derechos humanos de las víctimas de la violencia fue reemplazada por una fórmula clientelar, centrada en el reparto de recursos económicos, usando el dinero para pagar la falta de verdad y justicia”.
En un país con altos niveles de impunidad, Mara Gómez señaló que la CEAV se convirtió en un negocio para algunos abogados particulares que, indiferentes ante el dolor, se acercaron a las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos y a otras víctimas para litigar en contra y así obtener honorarios millonarios de hasta el 60 por ciento de las compensaciones entregadas.
“Se pretendió convertir la reparación integran en sinónimo de dinero, reparto de forma discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas. No sorprende que en esas condiciones, también se haya querido hacer de la CEAV, patrimonio y botín de intereses políticos”, reprochó.
De acuerdo a la carta de renuncia, que surte efectos a partir de este miércoles 24, el diagnóstico puntual de las irregularidades fue reportado con oportunidad a la Junta de Gobierno y también a la Asamblea Consultiva de la CEAV y, entre otras cosas, se determinó la realización de auditorías a las gestiones anteriores.
A la fecha, se están llevando a cabo 12 auditorías en la Comisión, seis concluidas con numerosas observaciones que se tienen que solventar y seis más todavía en curso.
Sin embargo, “nadie se ocupo de consolidar una institución que es fundamental para el Estado mexicano. La Comisión Ejecutiva nación de una forma improvisada, por lo que, tras años de existencia, no tiene un solo inmueble propio; más de la mitad de su personal se encuentra contratada de manera irregular y prácticamente todos los servicios básicos para su funcionamiento son contratados a proveedores particulares”.
Pese a las deficiencias de origen que permiten hacer negocio con la institución y son la fuente de la enorme vulnerabilidad institucional, Mara Gómez Pérez afirmó que desde el primer día emprendió el camino hacia una profunda transformación del organismo, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, para empezar a corregir errores y eliminar privilegios.
El único objetivo: “la atención integran de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, con respecto a la dignidad de las personas, procurando la recuperación de autonomía y generando condiciones para la recuperación de sus proyectos de vida”.
Por el bien de México, aseguró tomar esta decisión con serenidad y total responsabilidad, y conminó al Gobierno a enfrentar el desafío que representa atender a los 24.7 millones de personas que cada año son víctimas de delito y el acumulado de más de 61 mil personas desaparecidas, reconocidas hasta ahora.
“Por ellos tenemos que trabajar con determinación y sin politiquerías”, sentenció al pedir por las víctimas que merecen recuperarse con dignidad de los horrores de la violencia y superar las condiciones de vulnerabilidad y marginación social.
Con información de Quadratín CDMX
