CIUDAD DE MÉXICO.- La subcontratación o oursourcing ha facilitado el lavado de dinero, la defraudación y evasión fiscal y la afectación de derecho de los trabajadores.
En estos términos resumió el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, los efectos nocivos de esa práctica por falta de un marco normativo.
Por esa vía se escamotean reparto de utilidades, la antigüedad en relación con el régimen de pensiones y en materia a los derechos de vivienda y la cancelación de contratos para efectos de evitar el cumplimiento de ciertas obligaciones de naturaleza laboral.
Nieto Castillo acudió a invitación del Senado de la república a la consulta convocada para analizar las reformas en puerto, acto encabezado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Avila.
En el mismo paquete de temas ilegales en materia de subcontratación, Santiago Nieto indicó que en lo que tiene que ver con la defraudación fiscal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró la pérdida de 21 mil millones de pesos por esta práctica.
“Nadie está pensando en afectar el outsourcing legal, lo que estamos pensando es que se generen condiciones para poder atacar los efectos negativos del outsourcing ilegal como puede ser trabajo y defraudación fiscal”, expresó el titular de la UIF.
Existen tres conductas ilegales que la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado que tienen relación o pueden estar vinculadas: la generación de empresas fachada, la facturación simulada y la defraudación fiscal.
El Sistema de Administración Tributaria señala que por defraudación fiscal se pierden 324 mil millones de pesos y facturación simulada, en la que ha enlistado a 977 empresas en la lista de 69b, que es la presunción de la inexistencia de operaciones.
