CIUDAD DE MÉXICO.- “La fiesta se tiene que acabar por el bien de todas y todos los trabajadores de México”, expresó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, en Parlamento Abierto en materia de Subcontratación.
En su visita al Senado de la República para participar en este ejercicio de apertura para modificar el dictamen que regula la subcontratación laboral, el funcionario federal afirmó que un país que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción del Estado Social de Derecho, no se puede mantener una política de outsourcing ilegal, tolerado desde las autoridades.
El titular de la UIF refirió el claro de la problemática planteada por Zoé Robledo, director general del IMSS, cuyo diagnóstico registró la pérdida de los 21 mil millones de pesos anuales a la institución.
“El SAT ha planteado la pérdida de 324 mil millones anuales por defraudación de naturaleza fiscal, a partir de las factureras y, bueno, evidentemente todos recordamos la problemática vinculada con la relación entre el outsourcing ilegal y otros fenómenos delictivos que vinculan empresas fachada, factureras, entre otros”, agregó Nieto Castillo.
Por ello, planteó la perspectiva desde una óptica de la estabilidad de los trabajadores, las pensiones, el abaratamiento de la mano de obra, la pérdida de la antigüedad, la evasión fiscal, el no pago del reparto de utilidades, entre otros.
Desde la óptica del combate a la corrupción, el titular de la UID señaló que la práctica del outsourcing ilegal no es una práctica químicamente pura, sino una práctica que se desarrolla con vinculación a otros fenómenos, como puede ser la generación de empresas fachada, como pueden ser las empresas que facturan operaciones simuladas o que deducen operaciones simuladas, es decir, todo el problema de la facturación falsa.
En Parlamento Abierto convocado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, que preside el senador Napoleón Gómez Urrutia, planteó la necesidad de generar una política nacional que tenga como medida central la protección efectiva de los derechos de los trabajadores y la determinación de criterios que pudieran ser interpretativos para maximizar el ejercicio de los derechos.
Desde la posición de la Unidad de Inteligencia Financiera enfatizó la necesidad de combatir que no existan operaciones de lavado de dinero y cualquiera de sus delitos predicados, incluyendo los temas vinculados con corrupción, al que se asocia a las empresas fachada o la defraudación fiscal que se asocian a las empresas que facturan operaciones simuladas y que se vinculan en ambos supuestos a casos también de outsourcing ilegal.
