La labor de las Fuerzas Armadas en seguridad pública contraviene la Constitución y no tiene apoyo legal: controversia de la Cámara

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo emitido por el Ejecutivo federal el pasado mes de mayo, donde dispone que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública en todo el país hasta el 27 de marzo de 2024.

Mediante un comunicado, la legisladora señaló que esta decisión es resultado de un cuidadoso análisis y consultas que se realizaron con especialistas y organizaciones de la sociedad civil, así como tomando en cuenta los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

La legisladora señaló que solicitó a la Corte que revise la constitucionalidad del acuerdo, pues consideró que éste se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, lo que, dijo, vuelve a dejar al Ejército y a la Marina sin un marco jurídico que les dé certidumbre en la realización de sus tareas.

“En particular, preocupa que el acuerdo contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las fuerzas armadas que participen en tareas de seguridad pública a las autoridades civiles al establecer que el Secretario de Seguridad Pública debe “coordinarse” con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina”, explicó.

Rojas aclaró que con esta controversia no se busca cuestionar la facultad del Presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, y con ello asegurar que las acciones que tome en la materia sean efectivas y legales.

“Quiero enfatizar que el propósito de esta controversia, así como de otras acciones legislativas que propondré en breve, buscan generar el marco jurídico que merecen y necesitan para alcanzar el fin último de un México con paz y seguridad”, aseveró.

En tanto, los grupos parlamentarios de oposición, PRI, PAN, MC, y PRD, expresaron su respaldo a la decisión de la presidenta de San Lázaro, y coincidieron en señalar que el acuerdo del Ejecutivo Federal podría estar violando los principios por los que se creó la Guardia Nacional.

En ese sentido, el PRI señaló que podría ser violatorio al implicar una invasión de las competencias que le corresponden al Poder Legislativo y avalar de facto, dijeron, la militarización del país, y aseveraron que el objetivo de la actual administración de pacificar al país, no puede pasar por encima de la Constitución, de las leyes, ni de los tratados internacionales.

Por su parte, Movimiento Ciudadano reiteró que no se pretende contradecir al Presidente, sino al contrario, cuidar su investidura en su carácter de Mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como también, garantizar la protección de los derechos humanos y otorgar mayor certeza jurídica a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en forma extraordinaria.

Mientras que, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, coincidió en que este acuerdo es violatorio de la Constitución, y aseguró que la preocupación que han expresado diversos sectores sociales, así como miembros de la academia y por los partidos de oposición respecto a la militarización del territorio nacional, se reflejada en esta controversia constitucional presentada.

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