CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos consideran no procedente que se reformen y deroguen diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la General de Víctimas contenidas en la Minuta que propone la desaparición de fideicomisos.
La instancia legislativa que preside la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, considera que la desaparición de ambos fideicomisos generará que el Estado incumpla con su obligación de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, incluyendo el acceso a la justicia, la verdad y la reparación a la que tienen derecho todas las víctimas del país.
En opinión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, se advierte que los fideicomisos a estudio cuentan con peculiaridades que permiten concluir que dichos instrumentos financieros son los adecuados para continuar prestando los servicios de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como para cumplir con la obligación de brindar ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas en México.
Por ello, la presidenta de la Comisión recomendó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, garantizar y fortalecer los beneficios que los fideicomisos ofrecen y en caso de que lo consideren necesario fortalezcan las medidas de supervisión y control, no así ordenar su extinción.
Además, antes de aprobar la minuta a estudio, conminó a realizar un Parlamento Abierto transparente, plural, accesible, amplio que logre un dictamen con una visión transdisciplinar, así como contar con el diagnóstico a que se refiere el artículo octavo de la Ley Federal de Austeridad Republicana, pues advirtió que podría generarse un daño irreparable en la vida e integridad de los beneficiarios.
De acuerdo al proyecto de opinión, de 2013 a 2019, se presentaron 800 solicitudes de incorporación al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de las cuales 336 por parte de activistas y 464 por parte de periodistas.
Y se admitieron a 279 personas defensoras, lo que representa el 83 por ciento y 399 periodistas, el 86 por ciento.
En el periodo de 2012 a 2019, se beneficiaron en total mil 209 defensores y periodistas, por lo que el fideicomiso público de este Mecanismo surgió con el propósito de destinar recursos económicos exclusivamente para la implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes, y demás actos que establezca la Ley para garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
En el caso de la Ley General de Víctimas también establece el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuyo patrimonio registra un saldo neto de 456 millones de pesos, resultado de Ingresos por dos mil 775.4 millones de pesos y Egresos por dos mil 319.4 millones de pesos, al 30 de junio de 2020.
Del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2020, se ejercieron recursos por 239.2 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cifra inferior en 56.6 por ciento en términos reales, respecto a lo observado en el mismo periodo de 2019, en favor de 432 víctimas de delitos del orden federal y víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales.
El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral sirve como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos del orden federal.
Con información de Quadrat
