CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) apuesta este año por implementar un mecanismo preventivo de autodeterminación de cumplimiento para los empresarios que están en regla y cumplen con la ley.
Los que demuestren voluntariamente que cumplen con la normatividad vigente no serán inspeccionados durante un año; de esta forma, la autoridad laboral podrá dirigir y enfocar las inspecciones de manera estratégica hacia las empresas de defraudación e incumplimiento como las que generan y sustentan la subcontratación ilegal.
Así lo dio a conocer Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, en su participación en el Parlamento Abierto para la Reforma en Materia de Subcontratación Laboral, organizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, quien dijo que mil 200 fueron detectadas con esquemas de subcontratación abusiva.
“Se trata de darles esquemas de autocumplimiento flexibles a las empresas, a efecto de que el empresario que cumpla nos muestre en un esquema ágil y amigable la documentación que compruebe que está operando en el marco de la ley, y eso le evite la inspección, salvo, claro, que haya denuncia o un accidente.
“La idea es que los flujos del colesterol bueno (subcontratación legal) fluyan por arterias despejadas, y esto permita que nos podamos centrar en evitar la expansión del colesterol malo (la subcontratación ilegal) y poner todos los recursos de la Secretaría del Trabajo, del IMSS y del SAT en el combate a la ilegalidad, y así contribuir con eficacia a que en México el trabajo sea una actividad digna”, subrayó.
Parte de los daños que genera la subcontratación ilegal, un auténtico cáncer de la economía formal, es que opera con un subregistro salarial de sus trabajadores, es decir, muchas empresas terminan declarando a sus trabajadores con un falso salario mínimo.
Esta práctica no solo consiste en reportar un salario menor al real, sino además esta falsedad en declaración permite recibir indebidamente un subsidio del Seguro Social, que aplica a este nivel de salario, y “eso es un asalto en toda regla al trabajador, a las finanzas del IMSS y a la viabilidad de un estado de bienestar”, recalcó Salafranca Vázquez.
Añadió que la regulación sensata de este fenómeno no golpea la formalidad del trabajo en México, por el contrario, la estimularía en un mercado laboral como el mexicano con una tasa de formalidad muy baja y muy lejos del promedio de la región latinoamericana.
Durante su participación en el mismo foro, José María Morelos Ordaz, director general de Inspección Federal del Trabajo de la STPS, destacó que la dependencia ha tenido una voluntad férrea para combatir la subcontratación ilegal.
Por ello el año pasado se realizaron cuatro mil 500 inspecciones en la materia y de ellas el 30 por ciento (cerca de mil 200) están en falta, ya sea que no tienen trabajadores o existe subregistro, y hay procedimientos administrativos para su sanción.
Además de estas cuatro mil 500 inspecciones, se realizaron siete operativos especiales en los cuales se revisaron empresas que involucraban un mayor número de personas que la media; para llevar a cabo este trabajo se desarrolló un diagnóstico previo y se diseñó una nueva estrategia de inspección.
Y pidió tomar en cuenta en la posible adecuación de la Ley Federal del Trabajo la regulación más precisa de la nociva práctica de las negativas patronales para evitar una inspección, lo cual anula los derechos de los trabajadores por la voluntad de una sola persona, y se manifestó favorable a la creación de un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación que termine con los subcontratistas fantasmas y sin patrimonio propio.
