CIUDAD DE MÉXICO.- El Bajío es blanco de una cruel batalla entre criminales de diferentes grupos delincuenciales dedicados al huachicoleo, el narcotráfico y la extorsión, por mencionar tan solo algunos delitos que laceran a la población de Guanajuato e inciden en que se haya convertido en un estado que va en camino hacia una letalidad histórica.
El Gobierno Federal, que registra los homicidios dolosos con los indicadores de los gobiernos estatales, ha documentado que Guanajuato concentra entre el 15 y el 18 por ciento de los asesinatos que ocurren diariamente en todo el País.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a mayo del 2020, México alcanzó 12 mil 184 homicidios dolosos, de los cuales, mil 405 carpetas de investigación por asesinatos fueron iniciadas en las agencias del Ministerio Público y reportadas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Si bien los enfrentamientos pueden ser, como autoridades de los tres órdenes de gobierno han señalado, entre miembros de grupos criminales, la realidad es que también son asesinadas personas inocentes, incluso bebés, niños y adolescentes.
Desde el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado en varias ocasiones que la Fiscalía General de Guanajuato debe renovarse, luego de casi 12 años con el mismo titular, que mantiene al frente desde que era Procuraduría, a Carlos Zamarripa Aguirre.
“Se tiene que llevar a cabo una limpia y lo tienen que hacer las propias autoridades de Guanajuato, porque no está bien, el pueblo de Guanajuato no merece vivir en la zozobra, en vilo por la violencia”, expresó el 1 de julio pasado, al cumplir dos años de las elecciones presidenciales que lo llevaron al Poder Ejecutivo.
Insistió en que la política debe medirse con resultados, y la violencia e inseguridad en Guanajuato están demostrando que debe haber un relevo, tanto en la procuración de justicia, encabezada por Carlos Zamarripa Aguirre, y en la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, al mando de Álvar Cabeza de Vaca Appendini.
Tan solo unas horas más tarde de ese pronunciamiento del Primer Mandatario, en Irapuato fueron acribilladas 27 personas y quedaron heridas ocho, en un centro de rehabilitación para adictos llamado ‘Buscando el Camino a mi Recuperación’, ubicado en la comunidad Arandas.
Las pesquisas oficiales arrojan que al menos tres sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima, incluso uno apenas liberado junto a familiares de José Antonio Yépez alias El Marro tras su detención el 20 de junio, acudieron buscando a una persona de otra red criminal, el Jalisco Nueva Generación.
Al no obtener respuesta de los internos en el anexo, uno se comunicó por teléfono con alguien más, quien presuntamente instruyó la masacre, la más grande en la historia reciente del estado de Guanajuato.
Aún cuando los centros de rehabilitación denominados anexos, han sido reiteradamente blanco de secuestros, homicidios y otros hechos violentos, las autoridades de Guanajuato no pudieron evitar la masacre del 1 de julio.
El gobierno del municipio de Irapuato, al frente del panista José Ricardo Ortiz Gutiérrez, así como el estatal, bajo la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, también de Acción Nacional, han argumentado que son centros de rehabilitación clandestinos.
Sin embargo, en las imágenes que se compartieron previamente desde el lugar de la última matanza, en ‘Buscando el Camino a mi Recuperación’, se aprecia que al menos una enfermera y un médico de la Secretaría de Salud de Guanajuato, de acuerdo a sus uniformes, acudieron al anexo para dar asistencia sanitaria a los internos el 1 de noviembre de 2019.
Los antecedentes debieron encender un foco de alerta al Gobierno de Guanajuato, pero no fue así.
El 4 diciembre de 2019, un grupo armado entró a un centro que atendía adicciones en la colonia San Juan de Retana, en Irapuato, y se llevó por la fuerza a 25 jóvenes internados; 13 aparecieron en esa ciudad y Salamanca, pero 12 siguen desaparecidos.
El 8 de febrero un grupo armado incendió durante la madrugada, un centro de rehabilitación y se llevó a cinco personas de este.
Los delincuentes quemaron además dos casas, un taller mecánico, motocicletas y vehículos, todo esto en menos de 30 minutos. Cuatro hombres fueron localizados, pero uno sigue desaparecido.
Fue el 26 de marzo cuando ocurrió un tercer ataque, ese jueves, ocurrió en el centro ‘Sin Esperanza de Adicción’, de la colonia Pronasol, donde un hombre de 38 años fue baleado, pero sobrevivió.
El 6 de junio, otro hecho violento se registró en un anexo, fue en la colonia 24 de Abril también de Irapuato, hombres armados irrumpieron y dispararon contra 11 personas; seis perdieron la vida en el lugar llamado Empezando Nueva Vida, cuatro heridas fueron enviadas a un hospital donde después fallecieron, y una más, se presume que logró escapar.
Este lugar ya había sido atacado pero lo cambiaron de domicilio.
El 23 de junio otro centro en la colonia Miguel de la misma ciudad, fue atacada a tiros desde el exterior, sin embargo, no se reportaron víctimas del hecho.
El saldo rojo de los ataques a los anexos tan solo en Irapuato de diciembre de 2019 a julio 2020, indica el asesinato de 37 personas y el secuestro de 30, de las que 13 permanecen en calidad de desaparecidas.
Reportaje de Quadratín México
