CIUDAD DE MÉXICO.- La justicia federal determinó otorgar protección y amparo definitivo al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, contra la orden de aprehensión emitida el 25 mayo de 2019.
De inmediato se instruyó al Juez de Control adscrito al Reclusorio Norte de la Ciudad de México para que dicte todas las determinaciones que se deducen del fallo favorable.
Altos Hornos de México añadió la información en un comunicado que del acuerdo enviado el 17 de agosto al Juez de Control de la Ciudad de México por el licenciado Amos José Olivera Sánchez, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas.
En precisión de los alcances de la sentencia de amparo, establece que “dada la extinción de la acción penal decretada, debe ordenar la cancelación del mandato de captura emitido en contra del aquí quejoso”.
Dicha orden de aprehensión dio origen a la Ficha Roja de Interpol así como a la posterior solicitud de extradición presentada ante la justicia de España.
“Desde el primer momento, tanto el Presidente del Consejo de Altos Hornos de México como la propia empresa rechazaron la existencia del supuesto delito, ya que como comprueba la documentación aportada al tribunal, los fondos involucrados en las transferencias utilizadas para configurar la acusación provenían de cuentas bancarias regulares de AHMSA y obedecieron a un contrato de servicios entre particulares.
“De igual manera, en relación con la operación de compra-venta de las plantas de fertilizantes, instalaciones y servicios que comprendían el complejo petroquímico Agro Nitrogenados, en su momento AHMSA solicitó un avalúo independiente de la compañía Barclays con valor superior y finalmente se basó en avalúos oficiales y fue sancionada por todas las instancias que establecen las leyes y normas para la administración pública, incluidos los testigos sociales”, detalló la empresa en su comunicado.
Recordó que dicha acción penal generó una compleja problemática para la empresa, por la cancelación de créditos bancarios y comerciales, así como pedidos, originando un impacto por más de 350 millones de dólares y un severo daño en todas sus operaciones financieras y productivas, con impacto económico y social negativo principalmente en una amplia zona del Estado de Coahuila.
