CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría de la Función Pública (SFP) contradijo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por la mañana desestimó los señalamientos por compras hechas al hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.
Pero por la tarde la dependencia de Irma Eréndira Sandoval aseguró que desde que se denunciaron presuntas irregularidades por la compra de ventiladores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se inició con la investigación.
En un comunicado emitido este lunes, la funcionaria informa que, desde el pasado viernes 1 de mayo, a través del Órgano Interno de Control en el IMSS, comenzó un expediente de investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte de la Delegación de esa institución en el estado de Hidalgo, a una empresa de Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Manifestó que la Función Pública agradece las aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general que quiera participar, pues resultan importantes para el desarrollo de la investigación, en este caso a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Ante el esfuerzo que está realizando el Gobierno de México para hacer más eficaz el gasto público, resulta necesario poner énfasis en que las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid 19 sean transparentes y se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.
Durante la actual contingencia, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación.
Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana.
Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria Sandoval Ballesteros giró un oficio al director general del instituto, Zoé Robledo Aburto, para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad.
Afirmó que no sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción.
Quadratín México
