CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, preocupa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la situación en la que se encuentran los centros penitenciarios a nivel nacional, especialmente, grupos de atención prioritaria e históricamente discriminados: mujeres, niños y niñas, personas mayores, con discapacidad, indígenas, con VIH y de la comunidad LGBTTTI.
En el Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en Centros Penitenciarios para la Atención de la Emergencia Sanitaria generada ante el virus SARS CoV2 (Covid 19), la CNDH subraya las deficiencias en la infraestructura en el sistema de salud que enfrentan, como la carencia de personal médico y medicamentos especializados, la sobrepoblación y el hacinamiento en el que conviven las personas.
Lo anterior, al conjuntarse con factores de riesgo como una deficiente alimentación y condiciones de vida digna, la ausencia de limpieza, agua potable, materiales desinfectantes, déficit de espacios humanamente habitables y de instalaciones sanitarias suficientes y adecuadas, convierten a la población penitenciaria mayormente susceptible de contagio y propagación del coronavirus.
También colocan a dicha población, a sus hijas e hijos, a sus visitas, defensores y defensoras, e incluso al personal que labora al interior de esos centros, en un grupo en desventaja para adoptar las medidas de higiene básicas y las acciones dictadas para implementar una sana distancia en comparación con las instauradas para la ciudadanía en general.
“De no garantizarse los derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida de las personas privadas de la libertad en conjugación con otros derechos ante la contingencia que se vive, el Estado mexicano tendría que enfrentar y asumir en su calidad de garante, los impactos ante las eminentes violaciones a los derechos humanos que se actualizarían en agravio de dichas personas”, denuncia el documento remitido al Senado de la República.
La Tercera Visitaduría General señala que el Estado mexicano tiene la obligación de colocar la protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el centro de las acciones, políticas públicas, programas sociales y medidas emergentes y vigilarlos con mayor escrutinio, al tratarse de personas en especial situación de vulnerabilidad frente a contextos sanitarios como el actual provocado por la pandemia del Covid 19.
Debe diseñar e implementar protocolos, programas, medidas o acciones destinadas a la protección de los derechos humanos de dichas personas, debe realizarse desde una perspectiva capaz de diferenciar y reconocer las necesidades específicas y orientar su implementación a partir de un enfoque especializado, atendiendo cada uno de sus requerimientos de acuerdo a las características y los riesgos en los que podrían encontrarse cada una o uno de ellos.
Al respecto, se reconocen los esfuerzos realizados ante la emergencia sanitaria por parte del Estado a través de sus instituciones a fin de garantizar los derechos humanos a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad.
Sin embargo, el actual escenario también permite visibilizar que las condiciones precarias que históricamente han arrastrado los centros penitenciarios pueden generar contextos desalentadores, traducidos incluso en un número considerable de muertes ante un sistema penitenciario abandonado en la satisfacción de servicios de salud.
La CNDH manifiesta su preocupación ante la falta de infraestructura médica y hospitalaria, abasto insuficiente de insumos médicos, medicamentos, atención médica hospitalaria especializada, traslados médicos en conjugación con otros servicios esenciales como instalaciones sanitarias y de agua potable en condiciones óptimas, ante lo cual no puede actuarse de manera reaccionaria sino preventiva, a fin de proteger el mayor número de vidas humanas.
Con información de Quadratín CDMX
