CIUDAD DE MÉXICO.- México presentó ayer martes una demanda ante una corte federal de Boston, Massachusetts, contra 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos, a las que acusa de causar daños al país por sus prácticas de negocios negligentes, a través de los cuales facilitan el tráfico de armas a los cárteles.
Tras el anunció del litigio y la acusación en contra de compañías como Smith & Wesson, Colt’s, Barrett Firearms, Beretta Holding, Ruger & Co, y Glock, Inc, la Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF, por sus siglas en inglés) negó que se cometa “tráfico transfronterizo de armas”.
“Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas”, resaltó un comunicado emitido por la NSSF.
Lawrence G. Keane, vicepresidente Senior y Asesor Jurídico de NSSF, recalcó que “el Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”.
“La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”, señaló.
Por lo que México, dijo, debería concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia, en lugar de usar como chivo expiatoria a las empresas fabricantes de armas estadounidenses.
Además, aseguró que la demanda “es una afrenta” a la segunda enmienda de Estados Unidos, que permite a sus ciudadanos poseer y portar armas.
En este sentido, cabe recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró ayer que el litigio no atenta contra la segunda enmienda; “es en contra de daños ocasionados en territorio mexicano por el tráfico de armas”, apuntó.
Según datos presentados por la SRE, más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17 mil homicidios anuales y de daños equivalentes a 1.5 por ciento del PIB.
Con información de EFE y El Universal
