Por JOSÉ UREÑA
El presidente ya escogió a sus primeras víctimas.
Los seleccionó de entre los panistas y priístas a punto de dejar el poder próximamente a partir de los resultados de las votaciones de junio.
Y obvio, los victimarios vendrán de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), designados por él como administradores de estados.
Todos son susceptibles de persecución.
Todos, lo ha dicho en sus sermones de la mañana, deben ser auditados y perseguidos por administrar mal los recursos del pueblo.
Panistas y perredistas, todos encasillados en la animadversión de la 4t, definición sólo dictada por él, sólo entendida por él pero repetida y aplicada por todos sus discípulos.
Nadie escapará a revanchas -rechazadas por él en todos sus discursos pero aplicadas en todas sus acciones- cuando comiencen los relevos.
Y estos iniciarán en septiembre, desde Baja California, donde no habrá problemas porque tanto Jaime Bonilla como Marina del Pilar son su gente, sangre de su discurso, sabia de su (no)saber.
DE BAJASUR A ZACATECAS
El problema es para otros.
De Carlos Mendoza Davis en Baja California Sur hasta Alejandro Tello en Zacatecas, hayan cometido o no tropelías con las participaciones federales.
O estatales, pues no necesitarán ni peritajes respaldados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de David Colmenares ni por la ambivalente Secretaría de la Función Pública (SFP) de Roberto Salcedo, un peón más de Palacio Nacional.
Para eso están los órganos estatales controlados por Víctor Castro y David Monreal, respectivamente.
Todos los demás, decíamos, estarán sometidos al escrutinio del antojo y los dictados presidenciales y así serán perseguidos por los años de los años.
Comencemos por Colima.
José Ignacio Peralta ya tiene la ojeriza presidencial porque no tiene recursos ni para nómina y su sucesora Indira Vizcaíno ya llevó a Palacio su propio diagnóstico.
-Sobre él -fue la instrucción.
Y así seguirán muchos más pero, subrayábamos al iniciar, hay dos blancos preferidos por el encono presidencial:
El primero de ellos es Silvano Aureoles, ex compañero del tabasqueño en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuyo pecado fue denunciar la alianza del crimen organizado con Morena y su candidato Alfredo Ramírez.
Lo van a acusar… ¡de nexos con el crimen organizado, acusado por él!
Peralta y Aureoles son los dos primeros.
El tercero sería Alejandro Moreno, Alito, con un problema: falta ver en qué termina el recuento ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hoy en manos no controladas bajo la presidencia de Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
GUILLOTINA A LA CABEZA
Como de información se trata, hablemos del tercero en lista.
Es Francisco García Cabeza de Vaca.
Gobernador panista de Tamaulipas, a quien ya desaforó la Cámara de Diputados Federal y espera el guillotinazo del Congreso estatal cuando tomen posesión los diputados locales de Morena.
López Obrador ya dictó su propia sentencia y poco importará cuanto decidan la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz Manero o el Poder Judicial encomendado -ojo: encomendado por encima de presidido- por Arturo Saldívar.
Los órganos del estado, desde el Centro Nacional de Información (CNI) de Audomaro Martínez hasta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto, le reúnen pruebas incriminatorias.
No escapará.
El Congreso dominado por Morena lo entregará y el poder presidencial, con los órganos de justicia como operadores, lo ejecutarán apenas deje el poder.
