El gobierno ya gasta con total discrecionalidad: resignó 753 mil 540 millones en 2019, descubre Mexicanos Contra la Corrupción

CIUDAD DE MÉXICO.— El actual gobierno ya actúa con total discrecionalidad en el gasto público, pues en 2019 resignó 753 mil 540 millones de pesos, equivalentes al 17 por ciento del presupuesto o tres veces los recursos de la Ciudad de México.

Esto llevó a tener subejercicio y partidas adicionales según el interés de la administración: por ejemplo se dejaron de usar mil 472 millones en la Secretaría de Salud (SSA), pese al deterioro en que incurría el sistema sanitario.

Y en contraste, se privilegiaron la política energética con 97 mil 125 millones de pesos adicionales y las centrales de generadores de energía -con 34 mil 782 millones de pesos-, así como las obras consentidas: Dos Bocas, Santa Lucía y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El análisis, coordinado por Leonardo Núñez, fue presentado este jueves por Mexicanos Contra la corrupción (MCC) justamente cuando se da un debate por la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar hasta el diez por ciento del gasto en tiempos de emergencia económica.

Las bancadas Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República luchana por sacar adelante esta iniciativa, que no fue posible llevar a un período extraordinario por el bloque sólido formado por PRI, PAN, PRD y MC.

Laorganización refiere que para nadie es ya un secreto que el Poder Ejecutivo posee una gran capacidad para redireccionar a voluntad el gasto público después de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es aprobado por la Cámara de Diputados.

Apoyado en un andamiaje legal que anula de jure y de facto a los legisladores durante la ejecución del gasto público mediante las adecuaciones presupuestarias, el presidente mexicano posee uno de los poderes presupuestarios con menos contrapesos y controles de los que existen en cualquier otra democracia del mundo.

La mejor evidencia de ello se encuentra en el análisis de la Cuenta Pública, que es el documento que cada 30 de abril entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los diputados y que detalla cómo gastó realmente el gobierno durante el año previo.

Su inspección detallada corresponde legalmente a los legisladores y, en particular, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que realiza el proceso de fiscalización para vigilar el ejercicio de los recursos públicos.

Las conclusiones finales de dicha tarea no se conocerán sino hasta febrero del próximo año, por lo que es necesario recordar la importancia de que la ciudadanía también se acerque a la Cuenta Pública para tener una mejor idea de qué hizo realmente el gobierno con nuestro dinero.

Dado que en este documento se encuentran los detalles de todo el gasto del gobierno, es imposible capturar y explicar en unas cuantas líneas todos los fenómenos ahí documentados.

Dicha tarea tendrá que ser realizada a profundidad más adelante, por lo que en este momento sólo me concentraré en los hallazgos principales.

El primer elemento a destacar es que en 2019 se dio una ruptura con un hecho que ya era una costumbre: por primera vez el gasto total fue inferior a lo que había sido considerado en el PEF.

A diferencia de años anteriores, en los que el gasto real siempre terminaba superando lo que había sido planificado, en 2019 fue la primera ocasión en que hubo una diferencia negativa de 23 mil 618 millones de pesos, equivalente a -0.4% de lo presupuestado.

Más que una decisión voluntaria, este hecho se encuentra profundamente relacionado con un pobre desempeño económico en 2019, evidente en la contracción de 0.1% en el PIB, y que llevó a una caída de los ingresos del gobierno.

Este desplome llevó incluso a que el gobierno tuviera que echar mano de 43 por ciento de los ahorros presentes en el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios.

Puede notarse que en el PEF de 2019 se estimaba un gasto superior al de 2018 que, sin embargo, terminó siendo inferior por la vía de la realidad económica adversa.

La segunda observación importante es que, a pesar de que el gasto total se redujo, eso no significa que todas las áreas, programas y proyectos del gobierno sufrieran recortes.

Por el contrario, la posibilidad de reasignar el presupuesto sin intervención legislativa permite hacer unilateralmente movimientos importantes de recursos para llevarlos a las prioridades del gobierno. Esta capacidad no es menor.

La Cuenta Pública revela, por ejemplo, que durante 2019 dentro del Poder Ejecutivo se llevaron 753 mil 540 millones de pesos (equivalentes a 17 por ciento de su presupuesto) a otros destinos diferentes a los establecidos en el PEF, además de que en total se gastaron 79 mil 988 millones adicionales a los presupuestados.

Para tener una dimensión del tamaño de estos movimientos, sirva de contraste que el presupuesto de todo el gobierno de la Ciudad de México para ese año fue de 234 mil millones, es decir, el Poder Ejecutivo reasignó recursos equivalentes a más de tres veces el total de gasto público de la capital.

Para poder identificar las prioridades del gobierno es necesario observar de manera simultánea a los ganadores y los perdedores de las reasignaciones.

En el caso de 2019, fueron 10 las dependencias que sufrieron recortes adicionales a lo largo del año, entre las que destacan áreas tan importantes como la Secretaría de Salud (-1,472 mdp) o la Fiscalía General de la República (-318 mdp).

En contraste, en la cima de las instituciones con un gasto adicional a lo presupuestado se encuentra la Secretaría de Energía, que recibió 101,096 millones de pesos adicionales, lo que significó un incremento de 371% con respecto a su presupuesto original.

Otra forma de ver las prioridades de las modificaciones es a través del análisis de los programas presupuestarios.

Si se ordenan para identificar a los mayores ganadores y perdedores, es muy claro que el programa más importante fue la coordinación de la política energética en hidrocarburos (97,125 mdp adicionales), seguido de la operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica (34,782 mdp) y los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional (26,298 mdp).

Hay que recordar que el Aeropuerto de Santa Lucía fue colocado en esta última categoría para evitar ser sujeto de controversia judicial, lo que explica por qué en el PEF este programa presupuestario sólo tenía mil 330 mdp y terminó gastando 27,628 millones, un incremento de 1,977%.

Por el contrario, es muy claro que el programa más afectado fue el Programa de Inclusión Social PROSPERA, que se encuentra en una especie de limbo entre la desaparición y la continuidad, ya que tenía asignados 68,540 millones de pesos en el PEF, pero al final de 2019 sólo ejerció 25 mil 801 mdp; es decir, sufrió un recorte de 42 mil 738 millones (62.4 por ciento de su presupuesto).

Este primer acercamiento a la Cuenta Pública muestra qué tan diferente puede terminar siendo el gasto público en comparación con lo originalmente establecido en el PEF.

Los recortes ya hechos en el PEF pueden terminar haciéndose más profundos por la decisión del Ejecutivo o, por el contrario, rubros que no habían sido considerados por los legisladores acaban recibiendo muchos más recursos.

Por eso es necesario continuar explorando y analizando a profundidad este documento.

En años anteriores fuimos testigos de cómo esta facultad fue utilizada para acrecentar gastos superfluos como la publicidad gubernamental o los servicios de viáticos, o para negociar políticamente, como se hacía con los recursos del ramo 23 (dicho sea de paso, en este año sólo se ejercieron 1.6% más recursos en este rubro, en contraste con los descomunales incrementos y casos de negociación política del sexenio anterior).

Hoy las prioridades del gobierno son otras, pero no por ello desaparecen las preocupaciones sobre el uso discrecional de los recursos.

Los mecanismos utilizados siguen siendo los mismos: el Poder Ejecutivo sigue teniendo una amplia facultad discrecional para dar y quitar dinero a voluntad, sin que existan mayores controles que las tenues consideraciones que regulan las adecuaciones presupuestarias, como que, al realizar un cambio, los legisladores pueden emitir una opinión.

Esto, no hay que dejar de repetirlo, es una anormalidad democrática.

En ningún país democrático el gobierno tiene la libertad para gastar más de lo presupuestado ni para mover los recursos de un lugar a otro como en México. Y esto es un enorme problema, no importa si gobierna el PAN, el PRI o Morena.

El ejercicio del gasto público —la herramienta más importante de política pública— no puede ser ajena a la división de poderes ni a los pesos y contrapesos, de lo contrario, seguiremos teniendo un presupuesto de egresos ficticio moldeado por la voluntad presidencial.

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