CIUDAD DE MÉXICO, 20 de marzo de 2023.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos criticó las condiciones en las cuales los periodistas ejercen la libertad de expresión en México.
Para explicar las amenazas a los derechos de opinar e informar, la dependencia encargada de la política exterior estadounidense citó el caso del director general de Quadratín Chiapas, Juan de Dios García Davish y de la directora de fotografía de esa agencia de noticias, María de Jesús Peters.
Al presentar los Informes Nacionales 2022 sobre prácticas de derechos humanos en México, en la sección del respeto a las garantías civiles, el Departamento de Estado dijo que las amenazas de muerte dirigidas contra los informadores chiapanecos impidieron que continuaran documentado las historias de vida de la migración centroamericana, tal y como lo habían hecho durante 30 años.
“García y Peters, fueron obligados a huir de México debido a amenazas de muerte en su contra. Cubrieron la migración en sus reportajes durante 30 años y colaboraron con varios medios de comunicación internacionales. Recibieron repetidas amenazas de personas que afirmaban formar parte de un cártel”.
Durante el año 2022, agregó el informe, las amenazas de muerte aumentaron, no solo contra ellos si no que se extendieron hacia su hija. En mayo huyeron a los Estados Unidos a través del Programa de Recepción Temporal de Periodistas Latinoamericanos de Reporteros Sin Fronteras y posteriormente se refugiaron en España.
El asedio gubernamental
El documento de la agencia estadounidense considera que el Gobierno de México y titular Andrés Manuel López Obrador contribuyen, en general, al asedio contra comunicadores en todo el país por medio del desacredito al trabajo periodístico, al proferir declaraciones contra los informadores en espacios como la conferencia mañanera en Palacio Nacional que encabeza el Presidente.
Aunado al enrarecimiento propiciado desde el Ejecutivo Federal, grupos de la delincuencia organizada y agentes gubernamentales se valen de amenazas o de la violencia para silenciar el derecho de opinar e informar que debe prevalecer en cualquier sociedad que se precie de ser democrática.
El informe retomó que, en agosto de 2022, el Comité para la Protección de los Periodistas informó que 15 periodistas habían sido asesinados desde principios de año, y 11 de los asesinatos fueron vinculados como represalias al trabajo y las coberturas que realizaban.
Según los actores de la sociedad civil, al menos 15 periodistas fueron asesinados hasta el 6 de septiembre y destaca los casos de José Luis Gamboa Arenas, Sheila Johana García y Yessenia Mollinedo Falconi (Veracruz); Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado (Baja California); Roberto Toledo y Armando Linares (Michoacán); Jorge Camero y Juan Arjón López.
La organización internacional en defensa de la libertad de expresión Artículo 19 registró 331 ataques contra periodistas de enero a junio de 2022; aproximadamente la mitad de los casos fueron contra periodistas que cubrían temas de corrupción y política.
“Los periodistas fueron asesinados o sometidos a ataques físicos y cibernéticos, acoso e intimidación (especialmente por agentes estatales y organizaciones criminales transnacionales) en respuesta a sus informes. Esto limitó la capacidad de los medios de comunicación para investigar e informar, ya que muchos de los reporteros que fueron asesinados cubrieron el crimen, la corrupción y la política local”, recalcó el análisis sobre el respeto a las libertades civiles en México.
Los altos niveles de impunidad por asesinatos o ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y a la reducción de la libertad de expresión y de prensa.
