El gobierno de López Obrador utiliza todo el aparato de Estado para presionar al Tribunal Electoral, acusa Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de julio de 2024.- Xóchitl Gálvez acusó nuevamente al Presidente de México de intervenir en el proceso electoral al utilizar todo el aparato del Estado para cuestionar las resoluciones de la autoridad electoral.

Luego de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso de revisión para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analice nuevamente los hechos y revoque la sentencia, la excandidata presidencial denunció a través de sus cuentas oficiales de redes sociales:

“Él sabe que sí metió las manos. Vaya cinismo de utilizar sus redes oficiales para intentar quitarse la responsabilidad. La venganza será el rasgo con el que quedará marcado para la historia este Gobierno autoritario”.

La Consejería Jurídica de la Presidencia emitió un comunicado en el que refuta y afirma una evidente carencia argumentativa y sin prueba alguna, la Sala Regional Especializada del TEPJF “afirma falsamente que existe uso indebido de programas sociales y coacción al voto por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal”.

“Los magistrados Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y Mónica Lozano Ayala resultaron pitonisos, al considerar que las manifestaciones vertidas por el titular del Ejecutivo federal, durante las conferencias de prensa del 9 y 11 de mayo, tenían como intención establecer un mecanismo de presión para dirigir el sentido del voto de la ciudadanía al —supuestamente— emplear una línea argumentativa que condicionó la vigencia o beneficios de los programas sociales a que una determinada opción política obtuviera el triunfo en el proceso electoral, lo cual resulta notoriamente falso”, reprobó.

Sentencia que las afirmaciones vertidas en el fallo son “tan generales y banales”, que el propio magistrado Lara Patrón se apartó de los motivos expuestos al considerar que no se había realizado un estudio exhaustivo. Y considera irresponsable que un órgano jurisdiccional, “supuestamente imparcial e independiente, realice afirmaciones que no están sustentadas en pruebas y sólo se hagan acusaciones basadas en la imaginación de los juzgadores que pretende ver más allá de lo evidente”.

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