CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido apostar a la militarización del país con el respaldo de casi 200 mil millones de pesos según el presupuesto para 2021.
Por eso se aumenta el presupuesto para las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y reduce en términos históricos los subsidios en seguridad para los estados y los municipios, señaló Causa en Común.
En un comunicado, añadió que para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el incremento sería del 15.7 por ciento, superando los 112 mil millones de pesos (mdp) y para la Secretaría de Marina (Semar), de 2.1 por ciento, rebasando los 35 mil mdp.
Además, la Guardia Nacional, que es una extensión de las Fuerzas Armadas, tiene asignado casi 36 mil mdp, un aumento de 17.7 por ciento, lo que equivale al presupuesto de la Secretaría de Marina.
Destacó que una de las principales fuentes de financiamiento para la seguridad en los estados y municipios son los subsidios del gobierno federal: los fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) y el general del cual se pueden ocupar recursos para seguridad, así como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Subrayó que desde el inicio del actual gobierno, estos subsidios se han reducido año con año, o han registrado incrementos marginales que no permiten fortalecer las capacidades de las policías locales.
El proyecto de Presupuesto 2021, mantiene al FASP en términos reales, mientras que el Fortamun se reduce en un 4.6 por ciento.
El caso de Fortaseg merece especial atención, pues no aparece etiquetado en el proyecto de presupuesto, lo que significaría que 300 municipios del país dejarían de recibir 4 mil mdp. Lo anterior significa que, por primera vez, un Gobierno federal define claramente el abandono de las policías locales del país.
También son graves las reducciones presupuestales para el Sistema Penitenciario Federal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de -0.8 por ciento, -4.7 por ciento y -13.4 por ciento, respectivamente.
Indicó que resulta inadmisible que, en el actual contexto de violencia, y considerando la debilidad en que se encuentran tanto la CEAV como la CNDH, se insista en su destrucción.
En síntesis, remató, por lo que se refiere a seguridad, el Gobierno federal acelera sus definiciones esenciales: militarización extrema, abandono de las policías locales, olvido de víctimas y desprecio por los derechos humanos.
Y reiteró que la militarización es incompatible con nuestra democracia y no resolverá la crisis de inseguridad, y la opción larga y costosa, pero viable, es el rescate y fortalecimiento de las policías.
Ninguna definición de seguridad funcionará sin una auténtica política social y de prevención, pues la atención a víctimas y la defensa de los derechos humanos no son optativos, sino obligación de cualquier gobierno en nuestro país.
