CIUDAD DE MÉXICO.- “¿Por qué destrozar la subcontratación, una actividad que bien regulada puede dar muchos frutos, generando empleos, creando también una buena cantidad de diferentes impuestos (IVA e ISR principalmente) que apoyarían al gobierno?”, se pregunta el doctor en Ciencias de lo Fiscal, Jaime Flores Sandoval, director general de la consultoría empresarial Cadem Consultores.
Añade:
“¿Qué pasa con nuestras autoridades? ¿Por qué, en lugar de ir contra una actividad productiva y benéfica para nuestro país, no la analizan, no la valoran, no la apoyan? y resalta que los Censos Económicos del Inegi de 2019 estiman que el personal subcontratado es de casi cinco millones de personas, lo cual representa poco más del 23 por ciento de los trabajadores inscritos en el IMSS.
“¿Qué hay detrás de ese interés por acabarla? Los sindicatos, la STPS… ¿Quién? Sería bueno saberlo”, agregó el también Maestro en Derecho Fiscal de la Universidad del Valle de México (UVM).
Subraya que es que es muy importante diferenciar perfectamente el tema de la tercerización, subcontratación, outsourcing, la administración de capital humano, los servicios especializados.
Estas actividades, señala, no tienen que ser confundidas con las factureras, con las empresas fantasmas, con las empresas fachadas, con el lavado de dinero, mismas que se crean y desaparecen en poco tiempo y son utilizadas para defraudar tanto financieramente como fiscalmente al erario, al gobierno y a los propios empresarios.
Añade que estas figuras son utilizadas para desviar recursos de los diferentes niveles del gobierno y saquear las arcas del pueblo llevándose los recursos mediante una confabulación con funcionarios de gobierno y cómplices y está situación es similar en las grandes empresas para no pagar impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado.
“El SAT ha dicho que existen ocho mil 204 factureras, que evaden al fisco con aproximadamente 354 mil 512 millones de pesos”. Sigue que esta práctica defraudatoria no la realizan las empresas dedicadas a la subcontratación, a la tercerización, a la administración de personal, o al outsourcing.
Las empresas que se dedican a estas actividades pueden justificar plenamente su operación con la plantilla del personal que contratan y mediante el cual otorgan él servicio al cliente, ya sea del sector público o privado.
“Las autoridades saben perfectamente quiénes son las empresas factureras, las empresas fachadas, las empresas fantasmas y las que lavan dinero, las tiene bien identificadas. ¿Por qué no van contra ellas? ¿Que los detiene?
“No tienen por qué mezclar este proceso con las empresas que realizan las actividades de subcontratación. ¿Por qué el gobierno culpa a la subcontratación de la baja de empleos en el mes de diciembre? Dice que el mes pasado se perdieron más de 277 mil empleos y culpa a las empresas de subcontratación.
“Hay que ver que el pasado 18 de diciembre se decretó nuevamente el semáforo rojo en la Ciudad de México y el Estado de México. Unos días después en los estados de Morelos y Puebla, con lo que cerraron en forma definitiva muchos restaurantes, gimnasios, clubes deportivos, hoteles, etc.
“Otros no cerraron en forma definitiva, pero si se vieron afectados y en la necesidad de recortar su personal como los centros comerciales, empresas de eventos sociales que ya tenían programadas sus ventas relacionadas para fin de año y que fueron cancelados por las medidas de la autoridad”.
Indica que la venta de juguetería también se canceló ocasionando millonarias pérdidas económicas y y miles de empleos. Así, ¿cómo pretende el gobierno que las MiPymes afronten los salarios si llevan prácticamente un año con pérdidas y sin ningún apoyo o estímulo fiscal?
Hay que recordar que, en México, existen cerca de 4.2 millones de MiPymes, las cuales contribuyen con alrededor del 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), generan el 70 por ciento del empleo formal, y subcontratan al 44.7 por ciento de su personal, según el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).
Además, explica Flores Sandoval, muchos empleados que son contratados por temporadas ya sean por las propias empresas o por compañías de subcontratación tienen contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de cada año, (trabajos temporales).
“Esto no es nuevo y los contratos que concluyen como ya se mencionó el 31 de diciembre, debido a que la temporada alta de venta termina ese día y las empresas contratantes debe de finiquitar al personal contratado.
“Estos contratos obligan al patrón a pagar los aguinaldos o partes proporcionales, vacaciones más primas vacacionales o partes proporcionales, ya que, si no fuese así, los tribunales laborales estarían saturados con muchas demandas de los trabajadores”.
Y remata que el IMSS tiene todos los registros de estos empleados que fueron dados de baja en diciembre y sabe perfectamente qué empresas son las que produjeron las bajas y cuáles son sus actividades.
Cuestiona, antes de concluir:
“¿Por qué no se le solicita al IMSS esa información y se deja de criminalizar y especular con las empresas de subcontratación?”.
