CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y los titulares de las secretarías en las entidades federativas a cargo de los centros reinserción social tendrán que remitir un informe al Senado de la República sobre las acciones emprendidas para combatir el delito de extorsión que salen de los penales federales y estatales.
El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó un dictamen por el que se exhorta al titular de la SSPC a reforzar en éstos las medidas tendientes a inhibir las comunicaciones indebidas, así como la posesión y el uso de aparatos de telefonía no permitidos al interior de los centros penitenciarios.
La Comisión de Seguridad Pública que preside la senadora Lucía Trasviña alertó en cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que de enero a octubre de 2019, a nivel Nacional se registraron siete mil 129 casos de extorsión, de los cuales mil 891 casos provienen del Estado de México, 773 de la Ciudad de México y Jalisco con 670.
Estas cifras del año pasado ya superaron a las de 2018 con seis mil 432 casos de extorsión a nivel nacional, lo cual muestra un evidente incremento en la incidencia de este delito.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT, manifestó su preocupación por la gravedad en la situación al respecto del uso de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos, refiriendo el documento realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT) denominado Informe anual de resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones que permitan inhibir y Combatir la utilización de Equipos de Telecomunicaciones para la Comisión de Delitos o Actualización de Riesgos, periodo 2017-2018.
En el documento se detalla que de siete cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, salieron 3.7 millones de llamadas de extorsión.
En tres semanas, de un sólo aparato celular ubicado en uno de esos siete penales se realizaron dos 457 llamadas al exterior.
En ese mismo periodo se detectó un promedio de mil equipos sospechosos de los que salieron 219 mil 700 llamadas semanalmente y en un penal, se encontró que, en una semana, nueve usuarios identificados realizaron más de 500 llamadas cada uno.
El equipo que más llamadas registro fue de tres mil 537 en el periodo de muestreo, que fue de tres semanas, utilizando dos IMEI.
En mayo de 2019, el subprocurador de Justicia en Tijuana, Jorge Álvarez Mendoza, informó que más de 120 carpetas de investigación ha abierto la Procuraduría General de Justicia en la ciudad fronteriza, por extorsión telefónica de las cuales en su mayoría provienen del penal de Altamira, Tamaulipas.
