Por JOSÉ UREÑA
La marcha del 13 de noviembre causó mucho escozor.
Suficiente para instrumentar una estrategia de boicot para la concentración prevista para el próximo domingo en la Plaza de la Constitución.
Una manifestación, los sabemos quienes no asumimos el discurso oficial, para sensibilizar al Poder Judicial sobre los riesgos de la (contra)reforma electoral.
En especial los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya Sala Superior decidirá si destaza a los órganos electorales.
El blanco del gobierno y su partido por ahora es el Instituto Nacional Electoral (INE), a cuyo presidente Lorenzo Córdova se ha satanizado en víspera de su partida como consejero.
En noviembre la consigna El INE no se toca iba dirigido a detener la primera parte de la (contra)reforma referida, valientemente congelada por el ministro Alberto Pérez Dayán.
Pero corresponderá al pleno, presidido por la ministra Norma Piña, emitir el voto definitivo, salvador o aniquilador no tanto del INE, sino de cuanto significa en organización y calificación electoral.
Y OBLIGADO IR EN MARZO
Sin duda el Zócalo estará rebosante el domingo por la mañana.
Pero no de burócratas ni de militantes del partido oficial porque se hace una labor de zapa para exhortarlos a no asistir porque, es el discurso, están en contra de la democratización del país.
Sanciones, salario y prestaciones mandan.
Se llega al desatino del discurso mimetizado de Mario Delgado y otros morenistas, según el cual acudirán a esa convocatoria quienes está por la liberación de Genaro García Luna y la corrupción.
Y como toda acción tiene una reacción, desde ahora se hace campaña para asistir a la gran marcha o mitin del 18 de marzo próximo para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera.
Por ahora no está en proyecto una respuesta inmediata, como sí sucedió en noviembre: el 18 quienes estaban y están contra la reforma electoral, y 27 los gobiernistas.
La convocatoria en marcha permite dar otro dato: la concentración de noviembre se desvanecerá ante el uso de recursos públicos, cobro de beneficios sociales y control burocrático en marzo.
600 ESTACIONES ILEGALES
1.- A la crisis económica y a la pandemia, la radiodifusión agrega otros problemas políticos y estructurales.
La Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha reportado más de 600 estaciones de radio sin los permisos correspondientes y por supuesto sin pagar los impuestos de ley.
Esto afecta, sostiene Adrián Laris, presidente del Consejo Consultivo de la CIRT, una industria con 50 mil trabajadores en mil 669 estaciones de frecuencia modulada y 785 de televisión digital terrestre.
Y 2.- el noticiero Hechos de TV Azteca, uno de los más antiguos de la televisión comercial mexicana, cumple 29 años bajo la conducción de Javier Alatorre.
A su llegada hace cinco años, Benjamín Salinas Sada lo transformó y prepara nuevas acciones para incrementar su presencia en los hogares mexicanos
Tal propósito, ha dispuesto Ricardo Salinas Pliego, tiende a formar opinión e impulsar valores de democracia y libertad, tan necesarios en estos tiempos.
