MORELIA, Mich.- Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como la Fiscalía General de la República (FGR), podrían intervenir ante la campaña de denostación que lleva a cabo Morena contra partidos opositores que votaron en contra de la reforma eléctrica, y a quienes mediáticamente acusa del delito de traición a la patria.
En el primer caso se necesitan quejas ante el INE y en el segundo, denuncias penales ante la FGR, recursos que en ambos casos tendrían que ser interpuestos por quienes se sientan agraviados con la referida campaña de denostación.
En lo que toca al INE, éste no puede actuar de oficio, pero sí recibir queja en que se relacione la conducta de descrédito con un partido político, bajo el principio culpa in vigilando, referido a las omisiones de un partido político ante acciones ilegales de sus integrantes.
La campaña de exhibición empezó el pasado domingo 10 de abril, cuando legisladores del bloque PRI-PAN-PRD-MC votaron contra la reforma eléctrica, por lo que el bando Morena-PT-PVEM activó una campaña mediática con las imágenes de las y los opositores para exhibirlos como “traidores a la patria”, con lo que se ha agudizado la polarización.
Desde entonces, actores políticos del bloque opositor han negado ser traidores a la patria, reivindican su derecho a diferir, como en toda democracia, y han denunciado que se trata de una campaña de odio que pone en riesgo su integridad y la de sus familias, por lo que han hecho responsables a Morena y al presidente de la República de cualquier agresión de la que puedan ser víctimas.
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, los institutos políticos deben de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos.
Esta misma normativa establece que los partidos deben de abstenerse, en su propaganda política o electoral, de hacer cualquier expresión que denigre a las instituciones o a los otros partidos políticos o que calumnie a las personas.
Estudiosos de la norma electoral han advertido los alcances de la expresión “traidores a la patria” que, si bien puede quedar en la línea de un matiz demagógico de talante nacionalista, también constituye la imputación de un delito que, en todo caso, debe de denunciarse ante la FGR y las instancias competentes.
