No son días buenos para las economías mundiales.
Ni siquiera para México, pues los efectos del coronavirus y la caída del precio del petróleo tardarán en medirse.
El peso, lo sabemos también, empieza a ser víctima temporal de estos vaivenes y podría dejar de usarse como sinónimo de estabilidad.
Y no se diga el mercado bursátil, otro recurso de referencia de una población “feliz, feliz feliz” en el discurso oficial.
Pero entre tanto signo adverso hay muy buenas noticias para un gobierno mexicano dedicado a rascar aquí, allá y acullá para obtener dinero.
Esos recursos han caído por diferentes vías y la justificación pública es el combate a la corrupción de administraciones pasadas.
Famosos fueron los dos mil millones reembolsados de operaciones turbias en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
El 10 de febrero fue a Palacio Nacional el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y nos enteramos de esa suma.
Inútil resultará el debate sobre si deben regresarse esos recursos a sus legítimos dueños, los trabajadores, pues al frente del Instituto hay un subordinado del Ejecutivo.
Sólo la representación obrero-patronal, y no el director Carlos Martínez, podría hacer valer sus derechos.
FONDO DE TRANSFERENCIAS
Pero ha aparecido otra mina.
Información de distintas dependencias ha descubierto gran cantidad de dinero no reclamado en diversas compañías.
No se trata aquí dar dar nombres, pero hay bancos y empresas nacionales y multinacionales destinadas a esas transferencias.
Por errores en las guías o falta de reclamación de sus beneficiarios, hay cientos de millones de pesos en poder de esas empresas.
En la investigación, naturalmente, participan muchos organismos, desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNB) hasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Una sola firma, poseedora de tiendas de conveniencia, con matriz regiomontana y en trámite para un banco propio, reportó tener algo así como mil 500 millones de pesos.
Con base en esa cifra y otras investigaciones, la suma total podría llegar a unos tres mil millones de pesos.
-El equivalente a la meta recaudatoria de la rifa del avión presidencial -me dijo una persona inmersa en la recuperación de esos datos.
No solucionarán las necesidades de un gobierno esmerado en repartir el erario, pero contribuirá mucho para el discurso de austeridad y de honestidad.
BANORTE CANCELA CUENTAS
1.- Mientras el gobierno rasca, los bancos aprietan.
Por ejemplo Banorte cancela cuentas so pretexto de no moverlas durante dos meses y medio.
De nada sirve demostrarles su error: el cliente no recupera su firma y tal vez ni su dinero.
2.- La indemnización del Infonavit por cinco mil 88 millones de pesos a la empresa Telra Realty SAPI de CV todavía tiene pendientes.
La firma representada por Rafael Zaga sólo reembolsó dos mil millones ¿y, como preguntamos entonces, los tres mil 88 restantes?
El tema, amén de penal y administrativo, pasará al fiscal de Raquel Buenrostro por evasión de impuestos.
Y 3.- viene la Convención Nacional Bancaria con un escándalo: Banco Accendo.
La firma de Francisco Javier Reyes no cristalizó como promesa para las Fintech y sus reportes financieros hablan de pérdidas y desconfianza para inversionistas y clientes.
A ver qué hacen las autoridades hacendarias.
