Por JOSÉ UREÑA
Una estrategia oculta debe rendir frutos el 5 de junio.
Ese día serán las elecciones para renovar seis gubernaturas y el oficialismo espera engullirse por lo menos cinco estados: Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Aunque no lo digan las encuestas oficiales ni las declaraciones de los gerentes de Morena, Mario Delgado y Citlalli Hernández, Aguascalientes no está al alcance.
La panista Tere Jiménez ha tenido titubeos en varios momentos de su campaña, pero Nora Ruvalcaba está muy lejos de atisbar la victoria… salvo la aparición de fuerzas oscuras, muy oscuras.
Con esa definición, y en reducción de posibilidades para el partido y su fuerza política, la competencia se ciñe a Durango por la fuerza mostrada por el priísta Esteban Villegas.
Empero, los encargados de la campaña guinda no ven debilidad en la candidata Marina Vitela y acaban de enviar al Ejecutivo federal un mensaje de consuelo con tendencias de esperanza:
-Tal vez ajustados, pero remontaremos la desventaja. Hay condiciones.
Es decir, marcador final de 5 a 1, sonríe el gobierno.
EL DESACATO DE HERRERA
Pero hay un elemento silencioso.
Los gobiernos de los seis estados, todos ajenos o de plano odiados por Palacio Nacional –Francisco García Cabeza de Vaca-, han visto restringido el flujo de recursos federales hasta para lo más necesario.
Tienen retrasos en inversiones públicas aunque haya fondos etiquetados, insuficiencia para la nómina de gobierno y se han visto obligados a conseguir créditos para el magisterio, por ejemplo.
Afecta por igual a los panistas Martín Orozco, José Rosas Aispuro, Carlos Joaquín o Francisco García Cabeza de Vaca, o los priístas Omar Fayad o Alejandro Murat.
¿Por qué tales restricciones?
Por una lógica presidencial simple: priístas, panistas y perredistas son corruptos y dedican el dinero público a financiar a sus candidatos.
Lo sufrió el año pasado Silvano Aureolesen Michoacán, quien enfrentó una elección de Estado con un crimen organizado libre y sin partidas para satisfacer los reclamos de los maestros.
El ensayo del 2021 tuvo resultados y la única violación de esa orden la pagó Arturo Herrera con despido de la Secretaría de Hacienda por no retrasar las entregas a los gobiernos priístas.
De ese tamaño es el control del Ejecutivo y su interés en hacerse del país.
LA DENUNCIA SIN DESTINO
Hace sexenios la oposición generaba lástima.
Denuncias contra los gobiernos del PRI y del PAN terminaban en nada y muy pocas prosperaron.
El Pemexgate, con multa de mil millones de pesos al PRI de Roberto Madrazo por un dinero jamás llegado a la campaña de Francisco Labastida o al partido.
Lo propició el representante perredista ante el IFE, Pablo Gómez.
Le siguió la sanción al PAN por 500 millones por recaudaciones de Lino Korrodi para apoyar la campaña de Vicente Fox al amparo de la organización civil Amigos de Fox.
Hoy no hay disfraz: los respaldos a los candidatos del gobierno vienen del gobierno y los encabezan los funcionarios de gobierno, léase Adán Augusto López, Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum.
El PRI de Alejandro Moreno, Alito, presentó ayer la denuncia de la transgresión legal, pero la ley cada vez cuenta menos.
