CHIHUAHUA, Chih.- Las investigaciones que el Gobierno del estado de Chihuahua lleva en contra de los actos de corrupción cometidos durante la pasada administración, “serán llevadas hasta donde tope”, prometió el gobierno del estado.
Señaló que la detención este miércoles en Florida, Estados Unidos, del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, es esperanzadora porque puede ser un antecedente en el país, de combate a la corrupción y a la impunidad.
En un comunicado, emitido este jueves luego de una videoconferencia de prensa, destacó que el equipo de fiscales que trabaja en las averiguaciones de la operación Justicia para Chihuahua, tiene la voluntad de llevar todo hasta sus últimas consecuencias, sin aceptar negociaciones o compromisos oprobiosos u ominosos.
Agregó que se tiene una plena colaboración interinstitucional con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), con las que trabajó a lo largo de todo el año pasado en integrar varias investigaciones de hechos, por lo que no existe una competencia por ver si la Federación o el Estado de Chihuahua se quedan con el caso.
El gobierno estatal destacó que el arsenal probatorio de cada carpeta de investigación y de cada orden de aprehensión, habla de un trabajo profesional, hondo, serio, fuerte, que puede decantar en un gran precedente en la historia de México, de combate efectivo a la corrupción.
“Si en otros estados se encapsularon las investigaciones, en Chihuahua ni ha sido así, ni va a ser así, tope donde tope y hasta las últimas consecuencias”, reiteró durante la transmisión en vivo realizada desde el Salón Francisco Villa, de Palacio de Gobierno.
Detalló que las investigaciones que se llevan son sobre hechos, no sobre personas y a partir de ahí se van encontrando presuntos responsables, en contra de quienes se ha venido actuando, sin importar su militancia partidista.
Por eso, aclaró que aunque en las investigaciones de esta operación no hay indagatoria que vincule al expresidente Enrique Peña Nieto, es público el tema del desvío multimillonario de recursos públicos de Estado de Chihuahua, que se dirigieron a las campañas del PRI nacional, en un concierto previo con la Secretaría de Hacienda federal.
Se trató, dijo, de un modelo que se utilizó también en otras entidades y que decisiones como esas, no pudieron haber sido tomadas o resueltas en solitario por el entonces secretario de Hacienda.
También manifestó que este caso fue el que motivó a Peña Nieto a buscar al final de su gestión, una especie de amparo disfrazado de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra las acciones que en su contra pudieran ejercer el Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado.
Refirió que las indagatorias que lleva el Ejecutivo estatal datan de 2016, que se engrosaron con nuevas carpetas de investigación en los años siguientes y ha tenido nuevos temas de 2020, en un proceso que se encuentra al margen de cualquier otra operación de carácter federal que se realiza en el país.
“Esta es una acción del ministerio público del Estado de Chihuahua, para hacerle justicia al pueblo de Chihuahua, al que se le arrebataron cuantiosos recursos públicos que debieron servir para educación, salud, educación, infraestructura, crecimiento económico, para generar oportunidades de empleo, de trabajo a los chihuahuenses”, expresó.
Destacó que el espíritu de la operación Justicia para Chihuahua, es el de restituir al pueblo el dinero que le arrebataron.
Javier Corral descartó además que la aprehensión con fines de extradición de César Horacio D., sea un regalo del presidente Donald Trump al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues aunque desde el Gobierno de México se recondujo el proceso de extradición, este tema fue colocado en la agenda binacional.
Precisó que al término de la pasada administración federal, en que el exmandatario estatal tuvo un manto de protección, se replanteó el caso en colaboración con la Fiscalía General de la República para formular una nueva solicitud de extradición.
“Este no es un asunto que salió de la chistera, pues se trata de un caso que lleva más de 4 años en investigación, es un proceso decantado, largo, como para decir que se trata de un asunto que surgió como si se intercambiaran favores”, afirmó.
“Es el cumplimiento de un tratado, no es un regalo, no es un favor del gobierno de Estados Unidos, es un tratado que México suscribió y que tiene en el centro del espíritu con que se adoptó: el combate a la corrupción y a la impunidad”, añadió.
Con información de Quadratín CDMX
