CIUDAD DE MÉXICO.— Los estados de México, Hidalgo y Zacatecas, donde entrará en vigor este año la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, ya tienen lista su armonización legislativa, y el resto ya tiene sus proyectos en sus consejerías jurídicas, se informó durante la Segunda Reunión de Coordinación Interinstitucional entre autoridades federales y locales que integran la Primera Etapa de Implementación de la Reforma Laboral.
En presencia de Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y presidenta del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRJL), se destacó que en las siete entidades restantes (Chiapas, Durango, Guanajuato, Nayarit, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala), sus iniciativas de ley se encuentran en dictamen de las Consejerías Jurídicas para presentarlas al pleno de los poderes legislativos locales.
Luisa Alcalde agregó que, “estamos en una etapa clave de entender que la reforma no es hacia adentro, sino que, sobre todo, que es hacia afuera, por lo que se debe actuar con trabajadores, sindicatos y empresarios, quienes son los que vivirán esta transformación. Parte de nuestra actividad tiene que ver con transmitir, capacitar, informar, convencer e insistir que estos cambios se están dando y que no hay marcha atrás”.
Refirió que el avance de la legislación local para armonizarla con la Ley Federal es importante porque permitirá acceder al apoyo económico federal, para poder tener en tiempo y forma la creación y operación de los Centros de Conciliación y de los Tribunales Laborales locales.
En el encuentro, realizado en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Alcalde Luján señaló que es fundamental el actuar de los primeros 10 estados en los que se lleva a cabo la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, pues estos servirán de ejemplo para las entidades restantes que en los años subsecuentes se sumarán, por lo que los exhortó a continuar caminando de forma coordinada y ordenada.
Recalcó que este nuevo modelo de justicia laboral representa un punto de inflexión en el rumbo de la política laboral del país y con su entrada en vigor se salda una deuda histórica con las y los trabajadores de México, “hemos dejado atrás un modelo laboral obsoleto, que durante décadas permaneció bajo esquemas de control y simulación y que consintió una gradual precarización en los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores”, añadió.
Finalmente, insistió a los secretarios del trabajo y homólogos acercarse a las organizaciones sindicales locales en cada una de sus entidades, para brindarles información y capacitación sobre el cambio de estatutos que tienen que realizar para introducir la democracia sindical, la equidad de género en sus dirigencias y la transparencia, pues recalcó que el plazo para hacerlo vence el 9 de abril del presente año.
En tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, José Fernando Franco González Salas, quien llevó la sesión en conjunto con la presidenta del CCIRJL, expresó que este es un cambio de cultura y éstos llevan mucho tiempo, pero cuando nacen con la infraestructura necesaria para empujarlos nacen bien y se desarrollan mejor, “yo creo que ese es el reto que tenemos todos los que estamos en esta mesa, por la inmensa responsabilidad frente a nuestro país, la responsabilidad institucional que a cada uno nos corresponde y del cual debemos hacer el máximo esfuerzo para resolver el problema”.
Pidió a los funcionarios presentes ver en esto un privilegio, el colaborar en un cambio de esta magnitud, en un ámbito de justicia que implica el estar cumpliendo una función trascendente de carácter social.
Finalmente, añadió el no perder de vista que, independiente del modelo ya definido en nuestra Constitución, la justicia laboral es justicia para los más necesitados en este país, en el que hay una deuda histórica porque no ha funcionado como debió ser y hoy se tiene la oportunidad de que lo sea efectivamente.
