CIUDAD DE MÉXICO.— ¡Albricias!
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) existe y reapareció para respaldar a grupos indígenas inconformes con la construcción del Tren Maya.
¿Para pararlo?
No, porque según su queja afecta sus condiciones de salud en estos tiempos de emergencia sanitaria por el coronavirus y por ello deben suspenderse los trabajos.
Las medidas cautelares van dirigidas contra el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de Rogelio Jiménez Pons, al cual le fue encomendada esta obra insignia de Andrés Manuel López Obrador.
En un comunicado, el organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra solicitó tal suspensión, al actualizarse la gravedad, urgencia y posible daño a la Salud, la Integridad Personal y la Vida, de los habitantes de la región.
Esto con motivo de la queja presentada por los pueblos originarios y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de la península de Yucatán, a través de la cual manifiestan un inminente riesgo de contagio de Covid 19, por la implementación del proyecto denominado Tren Maya, durante la emergencia sanitaria declarada por el gobierno federal.
Los inconformes aducen la presunta violación al Derecho Humano a la Salud, la Integridad Personal y la Vida, que consagran los Artículos 4 y 29 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose de Costa Rica).
Lo anterior, a fin de evitar el contagio y la propagación del virus Covid 19, entre los trabajadores del proyecto denominado Tren Maya y los habitantes de la península de Yucatán; medida que salvaguarda sus derechos fundamentales a la Salud y a la Vida, reconocidos y garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales en la materia.
Frente a la compleja adversidad que afecta la Salud del pueblo de México, durante la fase 3 de la pandemia del virus Covid 19, la CNDH reafirma su invariable compromiso para respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de los habitantes de la península de Yucatán, ante las actividades no esenciales del proyecto denominado Tren Maya.
