CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto para expedir la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2023, así como las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, avanzó al Pleno del Senado de la República al ser aprobada por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda.
Con 19 votos a favor y nueve en contra, y las modificaciones a la Ley Federal de Derechos, con 19 votos a favor y 10 en contra, fue avalado el dictamen por las instancias legislativas que presiden los morenistas Ernesto Pérez Astorga y Rafael Espino de la Peña.
La Ley de Ingresos proyecta obtener para la Federación, durante el ejercicio fiscal de 2023, un total de ocho billones 299 mil 647.8 millones de pesos. Incluye que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza al Ejecutivo federal un incremento del monto de endeudamiento neto interno por 350 mil millones de pesos más, el cual pasa de 850 mil millones de pesos en 2022 a 1.2 billones de pesos en 2023.
Aumenta el monto máximo de adquisición de deuda neta externa en un mil 700 millones de dólares, pasando de tres mil 800 millones de dólares en 2022 a cinco mil 500 millones de dólares en 2023.
Estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de tres para el siguiente año; un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar y una plataforma de producción de petróleo crudo, en mil 872 miles de barriles diarios, con un precio ponderado acumulado del petróleo crudo de exportación de 68.7 dólares por barril.
La LIF no incluye nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes, atendiendo a los supuestos del marco macroeconómico, así como a las estimaciones de ingresos y gastos previstos en el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2023.
En el caso de la Ley Federal de Derechos actualiza y adecua los montos de derechos que se cobran por la prestación de servicios de las dependencias, como la emisión de pasaportes, el espectro radioeléctrico, entre otros.
Y contempla diversos beneficios fiscales dirigidos a sectores o grupos de personas en situación de vulnerabilidad que, por su condición, son considerados sujetos de protección y salvaguarda del Estado.
