CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo a datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Gobierno de México tiene registros de 2 millones 12 mil 573 armas que ingresaron al país de manera ilegal en la última década, y de ellas todavía un gran porcentaje no se ha recuperado.
De esta cifra, alrededor de 1.7 millones aún están en posesión de particulares, lo que supone un grave peligro para la sociedad, indicó el Instituto Belisario Domínguez (IBD).
Según la investigación, Armas de fuego en la sociedad mexicana. Riesgos para la paz y la seguridad pública, elaborada por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, de 2009 a 2019 se comercializaron 450 mil 625 armas por el Gobierno. Es decir, “hubo un número mayor de armas legales vendidas que las que han sido recuperadas de procedencia ilegal”.
El documento señala que la existencia de armas de fuego sin control en la sociedad “genera un riesgo en cuanto a posibles homicidios o accidentes, el uso en la realización de diferentes delitos, además del flujo financiero ilegal en la compra-venta de este tipo de artefactos”.
Refiere que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reporta que de los 18.9 millones de delitos estimados donde la víctima estuvo presente, los delincuentes portaban algún arma en 45.6% de los casos.
Ante estos números, legisladores de todos los partidos han presentado 69 iniciativas relacionadas al tema, entre las que se encuentran mayores controles en las licencias para su uso; revisiones rigurosas en la exportación e importación legal; fomento de programas de canje voluntario de estos objetos; aumento de penas ante el tráfico de instrumentos químicos de ataque; más regulaciones a material de pirotecnia; o amnistía ante delitos donde no se hayan usado.
“La experiencia internacional arroja que no sólo con mayores controles y retiro de armas se consiguen avances en la prevención del delito, sino que además es necesario la operación conjunta de otras políticas públicas que puedan mermar la capacidad de la delincuencia organizada, al tiempo de continuar con incentivos para la entrega de estos artefactos, municiones y juguetes bélicos por parte de la población”, recomendó el IBD.
Con información de 24 Horas
