Senadores del PAN criticaron que es innegable que el gobierno de Morena está usando la justicia como los peores momentos del pasado y eso, eso lo se debe desterrar de México.
Arropados por el coordinador de la bancada, Julen Rementería del Puerto, los panistas se refirieron a un tema que afirmaron no pueden soslayar: la violencia política en el tema electoral en algunos estados del país.
Por ello hoy, el Grupo Parlamentario del PAN exigió que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inicie una investigación contra Mario Delgado, dirigente Nacional de Morena; y Jorge Hank, candidato a gobernador de Baja California por el PES, quienes han agredido a las sus candidatas a gobernadoras de Chihuahua, Maru Campos, y a Lupita Jones.
Igualmente, solicitarán que la auditoría electoral emita de oficio las medidas cautelares a que hace referencia la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“En el PAN no permitiremos que nadie se sienta con el derecho de agredir y mucho menos de intimidar o calumniar a ninguna de nuestras candidatas”, advirtió López Rabadán.
“Escucharlos arremeter contra candidatas mujeres porque van arriba en las preferencias del electorado, atacarlas por el hecho de ser mujeres, dudando de sus capacidades, de su honorabilidad y atentando con su integridad, agrediéndolas, es ruin, misógino y machista”, fustigó la senadora del PAN, Kenia López Rabadán.
“Estamos ante las elecciones más grande de la historia y tal parece que algunos dirigentes de partido y candidatos no conocen que hoy la violencia política en razón de género es sancionada”, indicó la panista.
En esta contienda electoral, los senadores del Acción Nacional conminaron a aplicar las sanciones en materia de violencia política en razón de género, en las cuales la 64 Legislatura estableció en el artículo 20 bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que a quién ejerza cualquier tipo de violencia en contra de una mujer, afectando sus derechos político-electorales, se le aplicará una sanción de cuatro a seis años de prisión.
En los casos en que sean funcionarios partidistas o candidatos quienes restringen los derechos de las mujeres que contienden a un cargo público, la pena aumentará en un tercio.
Con información de Quadratin
