CIUDAD DE MÉXICO.- El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sustentó la falta de justicia en tres factores fundamentales: inseguridad, corrupción e impunidad.
Con esa idea, el Gobierno de México presentó proyecto de Ley de Justicia Cívica que pretende la prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales.
En esas condiciones, en su visita al Senado de la República dijo que estos tres elementos son los que mueven al Gobierno de México a resolver global y coordinadamente una situación de esta naturaleza.
En presencia de la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y los coordinadores parlamentarios señaló que el fenómeno criminal comienza en la inseguridad más elemental y cotidiana que viven todos los mexicanos: se vincula con la procuración, la impartición de justicia, la prevención y readaptación social.
“Si no hacemos un proyecto completo que vea y que analice con claridad dónde comienza el fenómeno delictivo y cómo lo vamos a poder detener, nos va a volver a pasar lo mismo”, dijo durante el acto de entrega recepción de un paquete de iniciativas en materia de procuración y administración de justicia, enviada por el Ejecutivo federal.
De los 33 millones de delitos que se producen al año, Gertz Manero señaló que el 90 por ciento están en contra de los más desprotegidos del país; y de ellos, el 90 por ciento son temas de carácter económico que no pasan de 10 mil pesos.
“El Estado tiene que hacerse cargo, porque esa es su función primaria de reparar el daño cuando no lo repara el causante”, indicó. La propuesta plantea la promoción del trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos.
El trabajo comunitario explicó que significa entender el daño que se le causa a la comunidad y cómo se tiene que reparar con una conducta personal que le dé, tanto a la víctima como a la propia comunidad, la reparación que necesita.
La iniciativa de Ley de Justicia Cívica establece la diferencia toral entre los primodelincuentes que todavía son rescatables, frente a los habituales y reincidentes que deben ser sometidos a sanciones penales eficaces.
