CIUDAD DE MÉXICO.- El optimismo que se expresó en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional durante la firma del nuevo acuerdo para resolver en definitiva las malas prácticas de la subcontratación, no es compartido por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Apenas en la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó otro acuerdo con Carlos Lomelí Salazar, quien preside el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), para afinar la propuesta que se envió al Poder Legislativo el 12 de noviembre pasado.
Con esto, se tiene contemplado abrir la discusión entre las dependencias del Gobierno Federal, la iniciativa privada y los sectores empresariales, con la finalidad de enviar una nueva iniciativa al Congreso en febrero de 2021 y que en menos de 30 días, resuelvan los legisladores su aprobación o negativa.
Al respecto, la Canacintra, el CNA y la Coparmex emitieron un comunicado de prensa conjunto, en donde rechazan dicho acuerdo con el Poder Ejecutivo, con el argumento de que “atenta contra la creación y preservación de empleos formales”.
Los líderes de empresarios de esas organizaciones aseguran que con este acuerdo se pretende dejar únicamente vigente a la subcontratación especializada, lo que presumen, atenta con la competitividad y la creación de empleos formales.
“Esta libertad de contratación debe permitirse sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas y, desde luego, la creación de más y mejores empleos, de tal manera que los trabajadores contratados bajo esa modalidad tengan un ejercicio pleno de sus derechos”, refieren en el escrito.
“También rechazamos que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. La responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización”, resaltan.
Con información de Quadratín CDMX
