CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que, en concordancia a los padres de familia de los niños fallecidos en el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, apelará la sentencia condenatoria de 31 años de prisión en contra de la dueña del inmueble, Mónica García Villegas, dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento.
La Fiscalía considera que la sanción debe ser mayor, ya que se pudo demostrar que la mujer, aun cuando tenía pleno conocimiento de que su conducta estaba prohibida, no respetó las normas de construcción, lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa y ocasionó que colapsara el plantel con aquel sismo de septiembre de 2017, que llevó a la muerte de 19 niños y siete adultos.
Los trabajos realizados por ministerios públicos, peritos y policías de investigación de la Subprocuraduría de Procesos, en conjunto con familiares de las víctimas, así como con la asesoría jurídica pública y privada, resultan determinantes para buscar un fallo mayor al de 27 años por homicidio culposo y cuatro más por Responsabilidad de Director Responsable de Obra.
Las pruebas presentadas establecieron, destacó, más allá de toda duda razonable, que la sentenciada fue omisa al no atender las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y en la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, por lo que deberá pagar 405 mil dos pesos como reparación del daño por cada víctima.
Aunado a ello, el representante social logró que se ordenara el pago de mil días de multa, equivalentes a 67 mil 290 pesos, así como que se le negaran los sustitutivos de pena, además de que se le suspendieron sus derechos políticos.
Subrayó que también, con el desahogo de 68 elementos de prueba para la individualización de la sanción y reparación del daño, entre los que se contaron peritajes elaborados en las materias de psicología y antropología social, así como las declaraciones de las víctimas indirectas, se logró acreditar daño psicológico.
