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· Attaché labor:lo que Peña rechazó, lo que ahora se aceptó
· Estados Unidos puede supervisar más de 400 mil contratos
· El Senado cumple su misión: aprueba adendum del T-MEC
Hagamos un poco de retrospectiva.
Desde hace más de dos años Estados Unidos propuso un capítulo para incluir un capítulo laboral en la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
En aquel tiempo los principales negociadores mexicanos eran Ildefonso Guajardo por la Secretaría de Economía y Luis Videgaray por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El entonces llamado vicepresidente de Enrique Peña tenía presencia igual o superior a los titulares de Hacienda y Crédito Público, sucesivamente José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.
Pero el capítulo laboral fue remitido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Roberto Campa Cifrián.
El se encargó de hablar con un equipo estadunidense encabezado por su contraparte Alexander Acosta, secretario del Trabajo de Estados Unidos.
La representación del norte planteó la supervisión del mercado laboral de México porque, argumentaba, había una competencia desleal.
En especial les interesaba la democracia sindical e insistieron en exigir a México elecciones abiertas en todos los gremios, sin importar su tamaño o su actividad.
400 MIL CONTRATOS
México se opuso.
Ingresaron otro tema: en materia automotriz, salario mínimo de 15 dólares la hora “para equiparar los pagos de Detroit con los de Guanajuato, por ejemplo”.
-No les conviene –repuso la representación liderada por Roberto Campa Cifrián-. Si pagamos aquí 15 dólares la hora, sus propios obreros se vendrían a vivir a México porque vivirían mejor que en Detroit.
Así dejaron de lado la materia salarial.
Pero no desistieron supervisar las “prácticas laborales”.
Las negociaciones siguieron ante la actual secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, quien en una reunión, y todavía como parte del equipo de transición, dejó a todos perplejos:
-Yo estoy de acuerdo. Que Estados Unidos vigile la democracia en los sindicatos mexicanos.
No se firmó ese acuerdo, como tampoco en 1993 porque Carlos Salinas lo rechazó ante George Bush cuando quisieron introducir ese capítulo.
-Está bien, metamos el capítulo laboral pero también el migratorio –exigió.
-Ah no, nada de migración –y México, Estados Unidos y Canadá lo excluyeron.
Hoy es distinto.
En el adendum se acepta el llamado Labor attaché y Estados Unidos tendrá en su embajada un supervisor de la situación sindical de México.
¿Supervisará los 400 mil contratos obrero-patronales existentes?
No habrá restricción legal.
OTRA VEZ EL SENADO
1.- El Senado de la República cumplió.
Aprobó los agregados al tratado comercial de América del Norte y en el debate se destacó la creación de Mecanismos (de) Respuesta Rápida (MRR) en elección de sindicatos y aprobación de contratos colectivos.
El trabajo lo hizo Ricardo Monreal como confirma la votación: 107 a favor y uno en contra.
Y 2.- en Estados Unidos ya se comienza a calificar la justicia mexicana como “ley del Viejo Oeste”.
Como ejemplo ponen la suerte de Cynthia Ann DeLong, ejecutiva de Perforadora Oro Negro.
A la compañía se le acusa de desvíos de recursos: debió pagar 250 millones de pesos de IVA pero solamente cubrió 90 y dispuso “indebidamente” de 160.
No fue así, pero lo peor de la justicia fue no citar a ningún involucrado y el juzgador 114 de la Ciudad de México, Joel de Jesús Garduño Venegas, ordenó arrestar a DeLong.
El tema será escándalo internacional por esta justicia al estilo Viejo Oeste aplicada en territorio de Claudia Sheinbaum.