CIUDAD DE MÉXICO.- Con penas de hasta 15 años de prisión para quien cometa fraude electoral, el líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, alista una iniciativa para sancionar la conducta de coparticipación dirigida a violentar dicho régimen democrático.
Ya había anunciado el pasado 9 de junio que la lucha político electoral del 2021 inició temprano y conminó a las instituciones a vigilar, de manera escrupulosa, la comisión de actos ilícitos o conductas antijurídicas.
Ahora, el coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Senadores prepara una iniciativa a fin de fortalecer las penas en materia de fraude electoral, conducta que considera ha caracterizado históricamente al país.
La propuesta prevé adicionar un artículo 20 ter de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con la integración de un tipo penal que busca que las afectaciones a los procesos electorales no queden impunes y se dé un ejemplo a la sociedad para “persuadir a aquellos que intenten impedir elecciones libres y auténticas”.
Monreal Ávila busca adicionar que si dos o más personas se reúnen con la finalidad de alterar o manipular los resultados electorales, o bien, para realizar dos o más conductas previstas como delito en la Ley, la pena que se impondrá será de cinco a 15 años de prisión y multa de mil 500 a siete mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La pena de prisión puede aumentar hasta en una mitad si la autoridad jurisdiccional competente en materia electoral determina que en el proceso electoral o en alguna de sus etapas hubo violaciones graves, dolosas, sistemáticas o determinantes, en detrimento de uno o más de los principios constitucionales, establece el morenista en su propuesta.
También aplicará cuando las conductas delictivas cuenten con el consentimiento o la participación de una servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata.
La iniciativa del senador de Morena se basa en la necesidad de discutir y reformar la legislación aplicable en materia penal electoral para hacer más eficiente la labor de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, además de mejorar la relación con la autoridad y con la actividad jurisdiccional.
Con información de Quadratín CDMX
