CIUDAD DE MÉXICO.- Tras siete denuncias, un gran escándalo meditado y fraude comprobado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) aceptó investigar al hijo de Manuel Bartlett.
El vástago del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vendió 20 ventiladores para pacientes de coronavirus a un precio al doble del mercado internacional: un millón 550 mil pesos.
Y además, estaban defectuosos: no cumplían con los estándares exigidos y por eso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya exigió el reembolso de los 31 millones de pesos.
Deberán atender este requerimiento del Instituto tanto León Manuel Bartlett como su empresa Cyber Robotics Solutions, amén de enfrentar denuncias y demandas.
Este miércoles la Función Pública emitió un comunicado para decir que avanzan las investigaciones iniciadas el 1 de mayo contra Bartlett y se arroga el mérito a pesar de ser un escándalo en medios de comunicación.
Esa presión ha impedido que se consumara el fraude a pesar que el director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que se cumplieron todas las normas de transparencia y administrativas.
Y como es la constante en este gobierno, dijo que es parte de las nuevas políticas públicas porque antes no se investigan a y preferían cerrar el pozo. He aquí su boletín:
La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros anunció el avance de los procedimientos administrativos sancionadores por presuntas irregularidades observadas en la adquisición de los 20 ventiladores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.
A diferencia de lo que ocurría en administraciones pasadas, no se permitió que se consumara un daño al erario. Gracias a la supervisión y fiscalización concomitante que ha impulsado la Función Pública en esta gestión, se rechazó la compra debido a fallas y daños, porque el equipo no cumplía con los requerimientos funcionales pactados.
“En el pasado –sostuvo Sandoval Ballesteros-, se cerraba el pozo cuando se ahogaba el niño, y hoy nuestras investigaciones y tempranas diligencias han logrado que esta compra presuntamente irregular se haya suspendido”.
Refirió que al momento existen al menos siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de expedientes de investigación contra funcionarios públicos y particulares.
Expuso que el Estado Mexicano en esta Cuarta Transformación no sólo avanza en frenar el paso al desvío de recursos públicos, sino que impulsa las acciones resarcitorias de los daños causados por éstos.
La secretaria Sandoval Ballesteros aseveró que la Función Pública, en uso pleno de sus facultades de verificación de las adquisiciones, continúa con las diligencias y procesos administrativos sancionadores para determinar quiénes fueron los responsables y culminar los procesos de sanción, ya sea para los particulares o para los servidores públicos, respetando siempre las garantías del debido proceso de los involucrados.
Aseveró que, en el caso de que se determine la comisión de conductas ilegales, se impondrán con rigor las sanciones que correspondan, con base en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y General de Responsabilidades Administrativas, y en cualquier caso se dará vista a las autoridades competentes para que procedan conforme a sus atribuciones.
Expuso que los expedientes de investigación fueron abiertos desde el 1 de mayo; dijo que “vamos a un buen paso y pronto daremos conclusiones”, y agradeció a los medios de comunicación y a la ciudadanía por sus aportaciones. Asimismo, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el respaldo para sus tareas del combate a la corrupción y a la impunidad.
Señaló que respecto a los requerimientos que desde el inicio de las investigaciones se realizaron a las dependencias del Gobierno federal, ya han sido respondidos por el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria, la Delegación del IMSS en Hidalgo y la Administración General de Aduanas. Asimismo, se solicitó formalmente un requerimiento de información a la Unidad de Inteligencia Financiera, que está aún en tiempo para responder.
La secretaria Sandoval Ballesteros manifestó que una de las principales premisas de la Función Pública es ser garante del ejercicio del gasto público, en beneficio de la población, de conformidad con los criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia que rigen al Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sentenció que durante la actual emergencia sanitaria generada por el COVID-19, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales, y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación, por lo que resulta necesario poner énfasis en que las compras sean transparentes y se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.
