La prometida Comisión de la Verdad por cuyo ejercicio extraconstitucional se hará una investigación profunda, exacta, precisa y confiable para conocer la realidad de los hechos de Ayotzinapa, debería partir de las evidencias actuales y reconocer una primera verdad en todo esto: los estudiantes están muertos.

Si esto se acepta, especialmente por quienes han hecho de su imposible hallazgo y su pretendida presentación una bandera de lucha política, entonces será posible hacer justicia; es decir, castigar el delito y –si las hubo –, las violaciones a los derechos humanos, las cuales no deberían ser escudo para frenar la evidencia.

Las capturas, empezando por el matrimonio Abarca, principal responsable de todo este tejido de complicidades con el crimen organizado y los exportadores de heroína, no pueden ser desestimadas sólo porque alguien  pide el Protocolo de Estambul para determinar si se cometieron excesos, torturas o desviaciones del proceso.

Si se avanza por ese camino se pondrá en libertad a los cien detenidos (números redondos) y no se podrá capturar a quienes (es una posibilidad), hayan tenido cuatro años para huir y cubrir sus huellas. Todo esto no determina ni la culpabilidad de unos (para eso es el proceso) ni la existencia de otros (para eso es la extensión de las investigaciones).

Pero si los sueltan a todos llegaremos a un caso similar (y perdón por el ejemplo) al del asesinato de Paco Stanley: la CDHDF de entonces intervino porque se habían violado los derechos de los detenidos, entre ellos la bailarina Durante, y cuando los dejaron en libertad, el caso quedó en la impunidad.

Si los presos eran  inocentes, ¿dónde están los culpables? No están, no hubo. Fue el crimen perfecto, a pesar de las pruebas, evidencias y demás. El Procurador de entonces está muerto y  la periodista cuyo trabajo la confrontó con él, Lily Téllez (cuando TV Azteca defendía a Stanley en contra del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas), es ahora senadora de Morena.

La exigencia de presentar vivos a los desaparecidos hace cuatro años, no se hace por la creencia ilusa de su existencia. No. Es la manera de sostener una figura legal cuya responsabilidad corre a cargo del Estado: la desaparición forzada.

Mientras no aparece un desaparecido, su desaparición es responsabilidad del Estado, lo haya capturado él o no. Si los retuvo el gobierno (no importa si fue el municipal de Iguala en complicidad con los traficantes de heroína despojados de su cargamento) es responsable por la desaparición. Pero si no aparecen el Estado nacional es culpable de no haberlos encontrado.

La exigencia puesta así es interminable. Como interminable ha sido el caso de Tlatelolco. Pero ése es asunto de la siguiente semana.

La desaparición forzada, como concepto, es imprescriptible, lo cual es una estupidez, así sea una estupidez internacionalmente aceptada. No se puede pedir la presentación de un desparecido después de –digamos– 99 años. Este lapso, sumado a la edad de quien se esfumó (con participación estatal o sin ella), debería ser suficiente para dejar el asunto. No para olvidarlo, pues para eso están los libros de historia, pero no podemos seguir reclamando responsables hereditarios de la matanza de Cholula,  por ejemplo.

La futura Comisión  de la Verdad, cuya mera existencia reduce a la CNDH a la inadmisible condición de auxiliar de quien sea, pone también en entredicho la lógica más elemental: ¿Va a investigar la dicha comisión con los mismos peritos y sistemas de la descalificada Procuraduría General de la República? o se va a esperar al nacimiento de una Fiscalía autónoma, la cual no sabemos de dónde va a contratar especialistas, como no sean los mismos, porque no hay otros.

Y si faltaba una cereza en el pastel, pues viene el decreto por el cual la totalidad del gobierno debe abocarse a la colaboración con quienes persiguen la verdad, como si no se hallara a la vista de medio mundo: los narcotraficantes en pugna asesinaron a los activistas políticos, quienes se robaron para sus “movilizaciones” un autobús o dos cargados de heroína de exportación, y luego los mataron; desaparecieron  sus cadáveres, unos incinerados y otros despedazados o echados a ríos o cuevas o como lo hayan hecho (esa es la verdad apenas conocida y sobre la cual sí se debe investigar para hallar castigo y justicia).

Pero la ocasión –un cambio de gobierno, una necesidad de romper con el pasado, una causa políticamente rentable, etc. – permitió todo esto, incluyendo un decreto presidencial para poner todo el aparato del gobierno al servicio de la “Comisión  de la Verdad”, cuyo resultado es previsible: Van a terminar, cuando así lo disponga el presupuesto, en el mismo punto donde comenzarán: los estudiantes están  muertos.

Y aquí cabe una reflexión y un poco de memoria: el caso Piedra Ibarra. El joven Jesús jamás apareció ni vivo ni muerto. Su madre en búsqueda permanente, fue hasta candidata a la Presidencia. Fue legisladora, presidió la Comisión de DH del Senado y hasta consiguió el voto de Andrés Manuel en las elecciones de este año.

Pero su hijo, está muerto. Y no hay decretos de resurrección.

 

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