Toda víctima de tortura tendrá derecho a la reparación del daño

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CIUDAD DE MEXICO.- El Congreso de la Unión trabaja para tener un México libre de la tortura, afirmó el diputado priista Carlos Iriarte Mercado, quien sostuvo que para ello, se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, que tipifica la tortura en todo el territorio nacional, garantizando el derecho de las víctimas a la reparación del daño.

El dictamen que fue aprobado por unanimidad de 417 votos, obliga a la autoridad a investigar de manera expedita dicho ilícito, promoviendo, siempre, la suspensión administrativa de cualquier funcionario público involucrado.

Al plantear la posición del Grupo Parlamentario del PRI en torno al dictamen, de esta ley, que fue impulsado por las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, el legislador mexiquense dijo, desde la tribuna de San Lázaro, que esta norma optimiza la coordinación entre las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, crea la figura de las fiscalías especializadas en tortura; también sanciona a los torturadores con la imposición de 10 a 20 años de prisión, tratándose de servidores públicos; y penas de seis a 12 años en el caso de particulares.

Esta disposición contiene preceptos que fortalecen institucionalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, explicó el diputado Iriarte Mercado.

El legislador, que también es secretario de la Comisión de Seguridad, explicó que para la integración de este dictamen se atendieron las observaciones y comentarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de especialistas nacionales e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y organizaciones de la sociedad civil.

Así el representante priista señaló que “hoy México cuenta con una ley, que dota al Estado de una herramienta jurídica eficaz y novedosa para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, acorde con el derecho internacional y otras leyes mexicanas”, concluyó.

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