Uno de los grandes reclamos hasta hace unas décadas en los procesos electorales lo era, el que hubiera Tribunales que pusieran orden en el desorden y tiradero que dejaban elecciones competidas; uso de recursos públicos, privados y de los poderes facticos sin control; abuso de los medios de comunicación; operativos de coacción, compra de votos, etc. Etc.; bajo tal presión fueron tomando estado en el mundo democrático legislaciones que proveyeron de instancias para dirimir controversias en el marco de las leyes vigentes; luego, a los Tribunales en la materia se sumaron otros –del fuero común- que vinculaban casos de corrupción con repercusiones colaterales en las contiendas políticas; hasta ahí todo apuntaba a un sano equilibrio que contribuía a la calidad de las democracias.

Como suele suceder; con el tiempo la participación de los Tribunales se fue pervirtiendo; de entrada los candidatos perdedores comenzaron a preocuparse y ocuparse más por armar denuncias que por ganar con votos, con el objeto de alcanzar en la “mesa” lo que no obtuvieron en las urnas; dando como resultado una excesiva judicialización de los procesos electorales; a lo que habría que agregar la “condición humana” de los jueces, quienes en sus resoluciones, con mucha frecuencia orientan sus fallos, atendiendo a sus “relaciones” con el poder en turno, sus preferencias ideológicas –que por supuesto las tienen- y no faltan aquellos –se dice- que reciben jugosas compensaciones en “cash”.

En este contexto, la Justicia fue adquiriendo un peso especifico en la política; dos casos son paradigmáticos; en Italia decisiones judiciales, pusieron, si no un fin, si un alto a la participación de la “cosa nostra” –la mafia- en los procesos electorales; y aún más relevante, con varias sentencias por tráfico de influencias, lavado de dinero, evasión de impuestos y hasta corrupción de menores –derivada de las famosas fiestas bunga bunga que celebraba en su Mansión de Arcore- impidieron que Silvio Berlusconi pudiera seguirse postulando al cargo de Primer Ministro.

El otro país donde los Jueces y Tribunales, se han convertido en actores principales, es Brasil; sin embargo, en este caso da la impresión que hay una intención sesgada de favorecer los intereses de lo gran burguesía económica aliada con una clase política que ha dado claras muestras de carecer de la más mínima lealtad institucional, a sus aliados y a los electores; en este escenario hay que ubicar la destitución vía un Juicio Político amañado de la Presidenta Dilma Rouseff y el reciente fallo que pretende enviar a la cárcel ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gran favorito para ganar la elección presidencial a celebrarse en este año.

Séptimo hijo de una familia de clase humilde; Lula, vendió naranjas para sobrevivir, a los 15 años se convirtió en tornero mecánico, trabajo en una fábrica de tornillos, obtuvo una beca para estudiar metalurgia; ya imbuido de la formación socialista en 1975 fue elegido presidente del Sindicato Metalúrgico de San Bernardo; el diez de febrero de 1980 fundó el Partido de los Trabajadores y fue elegido su líder; luego de pasar tiempo en prisión por la Ley de Seguridad –¡ojo mucho ojo!- se presento en el ochenta y nueve por primera vez como candidato a la presidencia, obtuvo más de 31 millones de votos que no fueron suficientes para derrotar a Fernando Color de Mello –quien abandonaría el cargo por corrupción-; en noventa cuatro y noventa y ocho, volvió a ser derrotado por Fernando Henrique Cardoso. Finalmente el 27 de octubre de 2002 fue elegido Presidente de Brasil; de inmediato convoco a “formar una sociedad más justa, fraterna y solidaria”; y en gran medida lo consiguió; Brasil se convirtió en la octava economía mundial; veinte millones salieron de la pobreza extrema; los programas sociales rindieron frutos.

El pasado miércoles tres magistrados de un Tribunal de Porto Alegre, ratificaron y aumentaron la pena de prisión de 9 a 12 años, por la sentencia emitida el pasado julio por el Juez Sérgio Moro; Juez al que de siempre se la ha señalado tener intenciones y servir a intereses políticos; cabe señalar que dicha resolución de Moro se deriva de una investigación, en la que concluyó que la constructora OAS había sobornado al entonces Presidente Lula con un departamento en una playa del litoral de Sao Paulo a cambio de obtener contratos de la petrolera del Estado, Petrobras; lo significativo del caso es que ni Lula ni familiar alguno ocuparon jamás dicho departamento; y sobre todo no hay prueba documental alguna de que Lula o su entorno sean propietarios del inmueble, La sentencia de Moro se baso en testigos protegidos a los que se les redujeron sentencias al mínimo por involucrarlo.

Tiempos convulsos le esperan a Brasil; Lula y el PT ya anunciaron que no renunciara ni cambiaran de candidato a la presidencia; y aunque aún hay la instancia del Tribunal Supremo para solicitar amparo, la tensión política se encuentra al máximo.

Las reacciones no se han hecho esperar en todo el mundo. El Ingeniero Cuauhtémoc Cárdena tuiteo “Solidaridad plena con @LulapeloBrasil. Firme rechazo a juicio amañado y parcial que vulnera el Estado de Derecho tratando de impedir la libre decisión electoral del pueblo brasileño”. Evo Morales dijo “Sentenciado injustamente, el hermano Lula da Silva es víctima de una conspiración que busca impedir que sea candidato y gane las elecciones con el apoyo del pueblo al que le dedicó toda su vida. Fuerza hermano Lula”.

Por lo que se advierte. El poder judicial en Brasil en general y el Juez Sérgio Moro en particular, en su afán de legitimar su independencia de la clase política brasileña –si ese fuere el caso- están abonando a la inestabilidad política y social en un país donde aún subsisten profundas desigualdades.

Permitir la participación de Lula en la elección presidencial era evitar que la olla express reventara. Se impusieron los intereses fácticos, Ahora es una incógnita el desenlace.

¿Alguien puede asegurar que esto ya está decidido?

RAÚL CASTELLANOS HERNÁNDEZ / @rcastellanosh