Quizá todo haya comenzado —en esta etapa de los medios—con los conflictos de Ricardo Alemán del periódico Milenio; el Canal 11 (a donde regresó casi de inmediato) y Foro TV.

La razón, un tuit, en el cual se recordaba cómo los fanáticos, seguidores, adoradores o simples admiradores de algunas figuras públicas, especialmente del espectáculo, terminaron asesinando a sus líderes amados.

—¿Qué esperan “chairos”?, les preguntó, más o menos, Alemán a los seguidores de AMLO, a quien de manera insistente y constante había criticado, (y sigue haciendo), como materia prima y tema recurrente de sus textos e intervenciones periodísticas, tanto en los medios ajenos como en sus propios portales de internet.

Eran los días del tigre dormido y no se sabía claramente cuál iba a ser el comportamiento electoral de los ciudadanos, de los partidos, del INE y mucho menos del tribunal.

Meses antes, Pablo Hiriart, con algunos leales, había dejado La razón, un periódico relativamente nuevo en el campo editorial de los rotativos de esta ciudad, debido a su tenaz empuje contra La jornada; su línea editorial y sus filias hacia Morena, en una actitud rayana en la fobia hacia la dirección del diario y los cercanos colaboradores, amigos de Morena y los morenos, comenzando por el más notable de ellos.

Hiriart se fue con sus amigos y encontró albergue en El Financiero, donde cada día se espera su columna como si fuera la última, pues su salida es algo tan anunciado (y hasta hoy tan incumplido), como la sentencia de muerte de Santiago Nasar, amenazado desde las sombras por los hermanos Vicario. Aquí la murmuración le clava una daga cada mañana.

Pero los sobresaltos en los medios no se quedan ahí. Rubén Cortés, quien sustituyó a Hiriart en La razón, se hizo notable por sus tendencias contra cualquier cosa semejante a los gobiernos absolutos de Cuba o Venezuela. Entre halagos y elogios a los propietarios del periódico, Cortés se fue y conservó su espacio radiofónico con Joaquín López-Dóriga en Fórmula y su colaboración en varias páginas digitales, entre ellas el sitio de Francisco Garfias.

Las renuncias (o movimientos internos, como el reciente desplazamiento de Carlos Marín quien de director editorial pasa a la consejería de la Presidencia, sin alterar sus espacios del diario y la TV), forzadas o no, inducidas o no desde el gobierno o el futuro gobierno, se han escrito en papeles aterciopelados, por lo cual no se logra la suposición censora o limitante de la garantía de libre expresión, tan invocada por los defensores de todo lo defendible en la corrección política.

No ha habido con estos buenos modos, espacio para el martirio. Ha habido borrachines suspendidos en Radio Centro (por insultar al futuro Presidente), pero sobre todo por confundir la cabina con la cantina.

Pero esos cambios, esas salidas más o menos tersas, renuncias públicas adornadas con palabras de cortesía, no han sido suficientes para disimular un hecho: en los medios hay temor.

Y en algunos casos, miedo reverente ante quien tiene ahora en sus manos la supervivencia de muchas empresas periodísticas o de comunicación, porque cuando se habla del enorme gasto público en propaganda (36 mil millones de peso en cuatro años), no se explica quién recibió esos muchos dineros.

Desde algunas tribunas bien portadas, se critica al gobierno por gastarlos, pero se pasa por alto un hecho: sin esas erogaciones desde el gobierno, una buena parte de la industria de la información (por así llamarla), no podría sobrevivir.

Y ahí la disyuntiva, como dijo alguna vez José García Valseca, vender el espacio o vender el criterio. O como sentenció el filósofo López Portillo, pagar para no recibir golpes.

Pero si uno revisa la prensa, la millonada en publicidad y propaganda no le sirvió de mucho ni al presidente Peña ni al gobierno. No se conoce todavía una buena imagen histórica a través del gasto en medios. Todos gastan como locos y todos acaban como el cohetero.

Pero hoy, cuando estamos en presencia de una nueva realidad política, hay un nuevo pregón justiciero, racionalizador del gasto y algo parecido a una amenaza más allá del talante presidencial, y es la Ley de Comunicación Social, la cual se hizo por amparo de los “bienportados” de Artículo 19 y para cuya confección legislativa, la Corte le puso plazos al Congreso, sin haber logrado una legislación satisfactoria para los quejosos.

Por eso la ley está ahora en la Corte, impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así pues, los cambios, remociones y desplazamientos de periodistas dentro de empresas privadas y una ley cuya naturaleza servirá para decir cuánto se le da a cada quien (cada vez menos), y por qué, son circunstancias reales cuya vigencia cambiará la forma de relación entre el poder y los medios.

Y si a eso se agrega la centralización de las oficinas de comunicación en una sola persona, cuya mayor aportación ha sido convertir una escalera en una sala de conferencias (César Yáñez), con los reporteros resignados en el patio, como vendedores de naranjas, pues el futuro se avizora extraño.