CIUDAD DE MÉXICO.- Otra vez hubo obediencia.
El Senado de la República dio gusto a Andrés Manuel López Obrador y aprobó a Ana Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional.
Sustituirá a Tomás Eduardo Medina Mora Icaza, quien fue obligado a renunciar mediante amenazas de persecución a él, familiares y socios por enriquecimiento indebido, lavado de dinero y otros delitos.
La presidenta del Sistema de Administración Tributaria (SAT) enfrentó rechazo de prácticamente toas las bancadas de oposición, pero al final recibió el respaldo de varios senadores no oficialistas.
En sesión ordinaria de este jueves, de un total de 122 cédulas de votación, donde irónicamente se depositaron dos sobre vacíos con un barco y un avión de papel, Diana Álvarez Maury logró solo uno, Ana Laura Magaloni Kerpel 25 votos y la electa 94.
Al reunir las dos terceras partes de los senadores presentes, la Mesa Directiva declaró la validez legal de la elección de la nueva Ministra y procedió a tomar la protesta constitucional ante el Pleno de la Cámara Alta.
Durante su comparecencia, Ana Margarita Ríos Farjat expuso que sus antecedentes personales y profesionales le han fincado los valores de justicia, ética y moral para ejercer la vocación de servicio de la carrera judicial.
En tribuna puso su trayectoria que también le han permitido conocer campos, enfoques y prácticas en el tema de la impartición de justicia, lo que ha fortalecido su compromiso y convicción de autonomía y libertad para la toma de decisiones en el ámbito de la impartición de justicia.
Previo a resultar electa como Ministra del máximo órgano del Poder Judicial subrayó que se ha permitido tener una visión de impartir justicia, para brindar a la sociedad desde la jurisprudencia y el servicio público un orden en la justicia y la sensibilidad.
Sostuvo que deben establecer nuevos mecanismos de acercamiento con la sociedad que está ávida de justicia y por ello, se deben entender sus reclamos y apuntó que deben establecer límites a las excepciones sobre prerrogativas dirigidas a la colectividad, en la defensa de sus derechos y exigencias.
Además, se pronunció en favor de un Estado consolidado que erradique prácticas de corrupción y fomente la transparencia.
En su exposición destacó que la Corte debe atender los desajustes en la impartición de justicia para dar coherencia al sistema jurídico mexicano; así como, atender las demandas de los grupos vulnerables: mujeres, indígenas, productores agrícolas, menores.
Su plan de trabajo incluye el fortalecimiento del federalismo como una forma de vida democrática y básica para su desarrollo, así como por el institucional y la vocación de servicio a la sociedad.
Además, que la SCJN se comprometa con la nación a fortalecer la lógica jurídica y el combate a la corrupción, el apego a la legalidad y la interpretación de la justicia para dotar de ella a quienes menos han tenido, y con ello, conformar una sociedad más justa y solidaria.
