Si las cosas siguen como fueron anunciadas en el encuentro de los candidatos con esa parte de la “sociedad civil” representada en el Museo de la Tolerancia, la Iglesia católica, de plano, se quedará con la parcela de los derechos humanos, antes de la asesoría del Papa en materia de seguridad. Todo un triunfo del Estado laico, por cierto.

De acuerdo con informaciones de prensa ampliamente divulgadas, ayer, el candidato Andrés Manuel López “invitó” (propuso) al sacerdote Alejandro Solalinde como “ombudsman nacional”.

Esa invitación, hecha al amparo de una ocurrencia (una más), pone en claro el desconocimiento de AM en torno de cómo se integra y cuál es la finalidad y naturaleza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual es un órgano autónomo constitucional.

El Ombudsman es designado por la mayoría de los senadores y su postulación (mejor dicho, propuesta) puede provenir de muchas partes (especialmente de la sociedad civil o la academia), pero una “invitación” de esta naturaleza resulta, en los hechos, un acto de poder proveniente del poder presidencial, es un contrasentido.

No tomar esto en cuenta es preocupante del sentido con el cual el todavía “presidente legítimo” (aún no sabemos por cuánto tiempo se simbolizaba esa legitimidad) quiere gobernar.

Y en cuanto al carácter religioso del señor Solalinde, pues no parece haber ningún obstáculo jurídico, quizá porque en la mente de los legisladores no pasó jamás por la cabeza el desatino de poner un cura en un órgano constitucional del constitucional Estado laico.

Pero eso parece no importarle al señor candidato, quien ya ha pensado hasta en pedir el auxilio Vaticano del papa Francisco en la estrategia de seguridad de México.

Como no le pida prestado algunos guardias suizos, no se entiende cómo puede el clero meterse en camisa de tantas varas, sobre todo cuando hasta los presbíteros de varias regiones del país (ya van cerca de treinta), han sido asesinados en la violenta marejada de la ola nacional de sangre y fuego.

Pero, en fin, esto dice la ley, por si alguien no la ha leído:

“Para ser presidente de la CNDH se requiere, según el artículo 9 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, lo siguiente:

“1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

“2. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección.

“3. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales.

“4. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación.

“5. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección.

“6. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

“7. Tener preferentemente título de licenciado en Derecho”.

Como se ve la condición sacramentada de don Alejandro Solalinde no está expresamente señalada como obstáculo, pero sí sus conocimientos del Derecho. Quizá sepa de lo canónico, pero quién sabe si de lo demás. Y en el momento de una votación en el Senado, se puede invocar la preferencia legal por un jurista.

Y para colmo, Solalinde es precursor de la “verdad histórica” tan combatida por otros profesionales de los Derechos Humanos. Como todos recordamos, en octubre del 2014, el sacerdote reveló la pira humana cuya existencia no admiten quienes gritan y gritan: como se los llevaron vivos, así los deben presentar.

De entrada estaría confrontado con los interventores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el grupo de “expertos multidisciplinarios”.

Y eso, además de ser un ombudsman simbólicamente designado por el Presidente de la República.

—¿Cómo lo tratará cuando deba hacer una recomendación por violaciones del gobierno a los derechos humanos?

Ese es el problema de andar haciendo “invitaciones” a una casa ajena.

SOTA

Como una garrapata se aferra Alejandra Sota a su puesto en la campaña de Meade. Será inútil, haga cuanto haga.

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